Durante una sesión plenaria extraordinaria, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron ayer varias medidas relacionadas con las funciones de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), ante la mora en la expedición de documentos y las pérdidas que esto a su vez genera al gremio de escribanos.
En las últimas semanas, el gremio de escribanos se manifestó en reiteradas ocasiones frente a la sede de Registros Públicos, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala, en Asunción, ante la implementación de un nuevo sistema y su lentitud. Criticaba que documentos con diez días de plazo para su expedición tardan entre noventa a ciento veinte días en ser expedidos, lo que generaba cuantiosas pérdidas.
Es por eso que ayer la Corte resolvió, mediante la acordada N° 1564, suspender los plazos registrales hasta el próximo 8 de noviembre, así como también que la Dirección General de Registros Públicos retorne a su viejo sistema de mesa de entrada y de oficios, ante las quejas y manifestaciones de escribanos.
Es decir, se suspenden los plazos registrales que venzan desde hoy al 8 de noviembre, además de inhabilitar los servicios de ingreso de documentos en todas las sedes registrales, así como la remisión de oficios judiciales electrónicos en dicho plazo, debiendo la DGRP proceder a la apertura de una ventanilla especial de atención para su ingreso en formato papel, exclusivamente para los informes de condiciones de dominio y copias de asientos registrales.
La CSJ también ordenó que durante este plazo las secciones registrales procesen, califiquen y expidan los documentos ingresados hasta el día 30 de setiembre, dando cumplimiento a los plazos legales previstos para la expedición de dichos documentos. Además, la DGRP debe conformar un equipo técnico institucional que analice, verifique y migre paulatinamente todos los documentos ingresados desde el 4 de octubre al sistema informático que será puesto en vigencia.
También se dispuso la continuidad del servicio de expedición, por mesa de salidas, de los documentos ya ingresados hasta el día 30 de setiembre y los que ingresaron desde el 4 de octubre, siempre que hayan sido verificados y migrados al sistema informático puesto en vigencia. También deben ser comisionados 40 funcionarios de la Dirección del Registro del Automotor para que cumplan funciones en Registros Públicos, por un plazo de 3 meses, para la actualización y agilización de la expedición de documentos.
Por último, se ordenó a la Dirección de Auditoría Interna del Poder Judicial la apertura de una auditoría del trabajo a cargo del consorcio tercerizado, encargado de la elaboración de la mesa de entrada.
“Lo que hacen es dar plazo a directora”
“Lo único que hacen es dar más plazo a la directora (Lourdes González Pereira) para que pueda ponerse al día, mientras nosotros los escribanos tenemos que sentarnos en nuestras casas por 10 días a esperar a ver qué pasa. Queremos saber si la Corte nos va a pagar los gastos que esto nos genera”, afirmó ayer la escribana Martha Narvaja. También reflexionó que “por día cuánto deja de circular el dinero financiero por la ineficiencia de Registros Públicos”.
El gremio de escribanos pide la destitución de la directora de Registros Públicos, González Pereira, quien, señalan, lleva más de dos décadas en el cargo sin lograr ordenar la institución.
