El sistema de pensiones chileno, creado en 1981, está basado en un régimen de capitalización individual para la creación de un Fondo de Ahorro que la persona puede utilizar a su edad de retiro a fin de adquirir una jubilación mensual vitalicia de una compañía de seguros. Los Fondos de Ahorro son administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) privadas, que las invierten en el mercado financiero y de capitales de manera diversificada con el objetivo de optimizar las relaciones entre rentabilidad, riesgo y liquidez; bajo una estricta regulación y supervisión del Estado.
La reforma propuesta busca responder a la demanda de los jubilados respecto al monto de sus jubilaciones y al bajo porcentaje que representan con relación a sus salarios en sus últimos años de trabajo. Además, es el resultado de un profundo análisis realizado por grupos de expertos chilenos en temas previsionales en los últimos años y será la segunda reforma en la última década. En la primera, se había incorporado una pensión básica solidaria cuyo financiamiento proviene de fondos del Estado, de tal manera de garantizar una jubilación mínima para los segmentos de trabajadores de menores ingresos. En esta oportunidad, el planteamiento es incrementar la tasa de aporte del 10 al 14% de las remuneraciones para que los trabajadores puedan acumular un Fondo de Ahorro más importante y de esta manera puedan acceder a una mayor jubilación.
Los resultados observados en la experiencia chilena nos indican que hay ciertos parámetros fundamentales que determinan la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones. Un sistema no es socialmente sostenible si no otorga jubilaciones razonables y no es financieramente sostenible si hay baja relación entre la jubilación y los aportes.
Por ejemplo, una de las principales causas de las bajas jubilaciones en el sistema de capitalización chileno es el corto periodo de aportes. Según cálculos del Instituto Libertad y Desarrollo de Chile, el 75% de los jubilados habían aportado menos de 25 años. En promedio, un trabajador aporta solo el 53% de su vida laboral.
De la misma manera, una jubilación a edad más temprana, como las mujeres que en Chile se jubilan a los 60 años de edad versus los hombres a los 65 años, hace que sus jubilaciones sean inferiores que las de los hombres porque el periodo de pago de la jubilación será más prolongado para un mismo Fondo de Ahorro acumulado.
Por lo tanto, estos resultados reflejan factores estructurales del mercado laboral altamente relevantes que deben ser abordados por cualquier sistema de jubilaciones, sea de beneficios garantizados o de capitalización individual para que pueda otorgar jubilaciones razonables a los asegurados al mismo tiempo de mantener un equilibrio económico-financiero-actuarial del sistema.
Nuestro sistema de jubilaciones, que es de beneficios garantizados, también requiere de reformas importantes para asegurar su sostenibilidad financiera e incrementar su cobertura, de tal manera de otorgar seguridad económica a las personas en su edad de retiro de la vida laboral.
Tenemos un sistema disperso, con grandes diferencias en la edad de jubilación entre distintos sectores, algunos sectores con grandes privilegios, diferentes tasas de aporte, baja relación de la jubilación con los años de aporte, poca regulación, nulo control sobre las inversiones de los fondos jubilatorios, desconexión con la pensión mínima garantizada, etc.
Estamos a tiempo de evitar una crisis del sistema previsional y sus graves consecuencias negativas para los jubilados y los contribuyentes en los próximos años. El Gobierno debiera formar una comisión público-privada bajo la coordinación conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que haga una propuesta de reforma lo antes posible.
