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BUENOS AIRES, ARGENTINA
La reforma laboral que el Gobierno de Argentina busca para impulsar la economía solo avanzaría este año por partes y muy lentamente en el Congreso, ante los crecientes cortocircuitos entre la Casa Rosada y líderes sindicales tras las violentas protestas desatadas por cambios a la ley previsional.
El apoyo de los gremios es clave para que los proyectos prosperen en un parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría, por lo que el Gobierno tendría que seducir a los líderes sindicales más afines y presionar a los díscolos para avanzar con su propuesta.
La formalización del empleo no registrado, una baja en las indemnizaciones y programas de capacitación de trabajadores son algunos de los puntos más relevantes de una reforma que apunta a bajar los costos laborales.
Dos portavoces del Gobierno dijeron a Reuters que la reforma será dividida en dos o tres proyectos de ley que serán enviados a partir de marzo al Congreso, después de negociaciones con el peronismo opositor y con los gremios –muchos controlados por peronistas– que empezarían en febrero.
“Hay algunos sindicatos que están trabajando y han entendido que tenemos que ganar productividad y competitividad, y hay otros que no lo entienden”, señaló el presidente liberal Mauricio Macri en una reciente entrevista con Reuters.
Los sindicatos han respaldado hasta ahora muchos de los proyectos impulsados por Macri tras llegar al poder a fin del 2015, pero esa relación se ha desgastado en los últimos meses.
Mientras que el Gobierno amenazó con recortar fondos a los gremios e impulsó auditorías sobre algunos de ellos con manejos financieros cuestionados, la Justicia avanzó con denuncias por corrupción contra algunos importantes líderes sindicales.
Representantes de los trabajadores han acusado a Macri –que es hijo de un rico empresario– de iniciar una persecución en su contra y de impulsar un ajuste del Estado que perjudica a muchos argentinos para favorecer a las empresas.