El Gobierno electo, apenas iniciadas sus funciones, planteó a los diversos actores políticos, de manera inusitada, un llamado a diálogo en torno a una posible reforma constitucional.
La respuesta casi unívoca de partidos y movimientos políticos fue la necesidad de iniciar una reforma del sistema electoral, como requisito previo e impostergable a una reforma constitucional.
Las elecciones generales pasadas, evidenciaron múltiples desajustes del sistema electoral, muchos de los cuales impactaron negativamente en partidos y movimientos políticos de los llamados “pequeños”, arrojando resultados electorales, que lejos de generar confianza entre los competidores, aumentaron la sensación de lo que se conoce en la literatura electoral como el efecto “cancha inclinada”.
Este efecto tiene relación con todo escenario electoral en el cual las reglas de juego favorecen a uno de los competidores.
En este punto es importante recordar que la institucionalidad electoral, creada con la Constitución de 1992 y la Ley 834/1996, a fin de garantizar derechos como el voto libre e igualitario de carácter universal, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos de representación pública, la libertad de asociación etc., así como las disposiciones relacionadas a los nuevos instrumentos de administración y fiscalización del proceso electoral, tendrán un rápido reflejo en los informes de observadores internacionales de aquella época. Más precisamente, el informe de la OEA (CIDH, 1998) definió las elecciones generales de 1998 como las elecciones más limpias y transparentes de la historia electoral del país, hasta ese momento.
Esta nueva institucionalidad electoral garantizó la consolidación en el país de la democracia política, el régimen democrático se solidificó a partir de una condición mínima e indispensable para ser considerado como tal, la realización de elecciones periódicas, libres y competitivas, más allá de las siempre presentes denuncias de fraude, arreos y otros importantes delitos electorales, los resultados fueron aceptados por los competidores.
Esa institucionalidad ha permitido dotar de legitimidad de origen a los gobiernos electos en democracia.
Sin embargo, a casi treinta años, el escenario político actual dista bastante de aquel de comienzos de los 90, y con una dictadura recientemente depuesta. Menciono a continuación algunos de esos cambios:
a) En cuanto al sistema de partidos: La profundización del fraccionamiento interno de los partidos tradicionales; la aparición de nuevos partidos y movimientos políticos de tipo programáticos, que compiten electoralmente, algunos de ellos ocupando escaños en el Congreso; la aparente consolidación de una tercera fuerza, Frente Guasu, con representación parlamentaria aunque mínimamente, in crescendo, y con el capital político de Lugo, como principal soporte.
b) En cuanto al financiamiento de la política: el drama del financiamiento externo de las campañas políticas capturadas por recursos provenientes del crimen organizado, contrabando, narcotráfico, genera condiciones desiguales de competencia y distorsiona la relación entre representante y representado. El político que accede a un cargo, ya no se preocupa por rendir cuentas al ciudadano que lo votó, sino a su financista, a fin de no poner en riesgo los recursos que hacen posible su competencia electoral.
c) En cuanto al ejercicio de ciudadanía: el acceso ciudadano a la información pública y a todo tipo de información casi de forma ilimitada y al instante, transforma la relación entre el agente (ciudadano) y su representante, el cual está, permanentemente expuesto ante el ciudadano. Esto se evidencia en el hartazgo social respecto a la representación política y la desconfianza en los partidos políticos.
d) En cuanto al diseño del sistema: La mala calidad de la representación política lleva a partidos y grupos ciudadanos, a plantear con fuerza la modificación del sistema electoral hacia listas cerradas y desbloqueadas, producto de años de malos rendimientos de la clase política, envueltos en sonados casos de corrupción pública y de incapacidades para generar respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, que vayan más allá de los intereses sectarios.
e) Los justos reclamos por una democracia verdaderamente igualitaria. El tema de la paridad política: un punto claro en la agenda de demandas políticas, fuertemente impulsada por sectores de todos los partidos tiene que ver con la paridad en el acceso a cargos electivos. Las mujeres participan, si, en igual o mayor medida que los hombres, pero no llegan a puestos de representación en la misma proporción, producto, entre otras cosas, de los mecanismos internos partidarios y la legislación electoral. Esto debe reformarse, y toda modificación de la legislación electoral debe tener en cuenta este derecho.
Todos estos elementos descriptos, transforman el escenario político-electoral y exigen de manera urgente la readecuación de la institucionalidad electoral.
Estas transformaciones han llevado a que partidos como el PDP, Frente Guasu, PLRA y más recientemente el PQ, mucho antes de la convocatoria del Gobierno a discutir la reforma electoral hayan trabajado internamente en la elaboración de propuestas y proyectos de modificación electorales, lo cual hace que hoy existan posiciones coincidentes, manteniendo diferencias notorias en algunos puntos.
El desbloqueo, el voto electrónico, la conformación de las mesas electorales, entre otros, son los ejes principales sobre los cuales gira la reforma. En cada uno de estos temas, existen modelos regionales de aplicación, y será útil identificar los casos de éxitos y fracasos para no repetir errores.
La consolidación de la democracia en los próximos años, dependerá del rediseño de un sistema electoral más representativo, que asegure las condiciones para la competencia electoral en igualdad de oportunidades de todos los sectores en disputa.
* Docente e investigador (Pronii-Conacyt). Director del Dpto. de Ciencias Sociales UCA.
