El Ministerio de Hacienda informó ayer que se encuentra ultimando los detalles de la Ley de Emergencia 2.0, con el objetivo de tener listo el proyecto la semana que viene.
De acuerdo con el reporte, el planteamiento que se enviará al Congreso contemplará finalmente refondeos por valor de USD 70 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), para seguir otorgando compensaciones a trabajadores suspendidos y continuar garantizando créditos a las mipymes.
De ese total, la propuesta prevé una nueva capitalización de USD 25 millones para el Fogapy, lo que a su vez permitiría garantizar líneas especiales de créditos por alrededor USD 30 millones para los rubros más golpeados por la crisis sanitaria y las restricciones.
“Estamos haciendo todo lo posible para no solicitar al Congreso financiamiento adicional (nueva deuda). Eso implica múltiples reuniones con las entidades que se pueden ver afectadas en sus presupuestos y objetivos misionales. Pero yo diría que para la próxima semana podríamos tener ya la primera versión del proyecto”, expresó el viceministro de Economía, Iván Haas.
En la actualidad, según los datos oficiales, el Fogapy emitió garantías por unos G. 2,7 billones (USD 413,6 millones), lo que permitió apalancar préstamos por G. 3,7 billones (USD 557 millones). Las micro y pequeñas empresas acaparan el 81% de las garantías otorgadas por esta herramienta.
Paliativas. La Ley de Emergencia 2.0 prevé varias medidas paliativas y de racionalización del gasto, de acuerdo con lo adelantado semanas atrás por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto que ultima la cartera fiscal contempla, además del refondeo al IPS y al Fogapy, un subsidio para trabajadores informales de restaurantes, bares y eventos; una subvención del 50% de la energía eléctrica a los rubros más golpeados por la pandemia, de julio a diciembre; y la entrega de kits alimenticios a informales.
Con respecto al gasto, la propuesta incluye la prohibición de nombramientos, nuevas contrataciones y modificaciones de estructuras orgánicas que impliquen mayores costos al Estado; y un recorte a gastos superfluos. No se descarta, además, aplicar descuentos salariales a funcionarios con sueldos por encima de los G. 10 millones (ver infografía).
