El informe, en el que han participado la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Foro Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) e Interpol, entre otras instituciones, señala que “el crimen organizado está involucrado en las cadenas ilegales de suministro de basura electrónica en algunos países”.
Pero los autores del estudio añadieron que es necesaria más información para establecer la magnitud del control de organizaciones criminales en la gestión de basura electrónica, por lo que solicitan un mayor esfuerzo de los países europeos en investigar la trama y compartir datos.
David Higgins, de Interpol y uno de los coordinadores del proyecto, declaró que “esta forma de tráfico ilícito es vulnerable a actividades ilegales, lo que los gobiernos deberían prevenir utilizando castigos penales y administrativos que reflejen el valor de los beneficios ilícitos”.
El informe estima que las pérdidas para los procesadores legales de basura electrónica asociadas con el robo de componentes valiosos incluidos en los desechos suponen entre 800 y 1.700 millones de euros (entre 877 y 1.860 millones de dólares).
Jaco Huisman, coordinador científico de UNU, dijo a Efe que “siempre hay una razón económica” detrás del tráfico ilegal de basura electrónica.
Huisman explicó que, “a través de los canales oficiales, hay una serie de costos asociados con el reciclado y extracción de materiales. En algunas ocasiones, estos costes son realmente significantes. Esto también se produce en la recolección ilegal”.
El volumen de productos electrónicos desechados que son mal gestionados en Europa es 10 veces superior al de la basura electrónica exportada fuera de la Unión Europea, según el informe, que reúne los datos recopilados durante dos años de investigación.
De acuerdo con el informe, sólo el 35 % de productos electrónicos usados y basura electrónica generado en Europa en 2012 formó parte del sistema oficial de recolección y reciclado. Esto supone 3,3 millones de toneladas de un total de 9,5 millones.
El resto, 6,2 millones de toneladas, fue exportado o reciclado de forma irregular o simplemente arrojado a la basura.
Los investigadores estiman que 1,3 millones de toneladas (de los que 30 % era basura electrónica y el 70 % restante equipo usado pero todavía funcional) fueron exportadas de forma ilegal.
Además, 4,7 millones de toneladas fueron mal gestionadas o simplemente traficadas de forma ilegal dentro de las fronteras de la Unión Europea.
El secretario general del Foro WEEE, Pascal Leroy, declaró que “la basura eléctrica y electrónica es el flujo de desechos de más rápido crecimiento del mundo. Los metales y componentes valiosos, incluidos materias primas críticas, necesitan ser recuperadas de forma segura y recicladas”.
Según Leroy, la basura electrónica mal gestionada por la Unión Europea sería suficiente para construir un muro de 10 metros de altura entre Oslo y la punta sur de Italia.
El informe también señala que, según datos de la agencia policial Interpol, sólo 2.000 toneladas de basura electrónica son aprehendidas en operaciones que terminan en algún tipo de sentencia o multa.
Y un 30 % de los miembros de la UE no han puesto en marcha normativa para enfrentarse al problema y las penalizaciones por actividades ilegales relacionadas con la basura electrónica no son lo suficientemente serias para tener un valor disuasorio.
Los autores del estudio proponen una serie de recomendaciones, entre ellas la creación de una red para recopilar información sobre el tráfico ilegal de basura electrónica e identificar riesgos asociados con el crimen organizado, así como un grupo de trabajo sobre seguridad medioambiental para coordinar operaciones e investigaciones.
El informe también recomienda la capacitación especial de jueces y fiscales sobre delitos relacionados con la basura electrónica, la prohibición de transacciones en efectivo para el comercio de desechos metálicos y sistemas de inspección y control nacionales.
Ioana Botezatu, miembro de Interpol para Seguridad Medioambiental, señaló a Efe que “también hay una falta de esfuerzo en hacer cumplir la ley”.
“Pero tenemos que saber por qué se produce”, añadió.
Julio César Rivas
