Sábado/06/OCTUBRE/2007
La Red Rural -una agrupación de organizaciones de desarrollo- denunció que el gobierno a través de su Secretaría del Ambiente está poniendo en peligro la vida de más del millón de personas al autorizar la construcción de un megapuerto granelero de la transnacional Cargill a menos de mil metros de la toma de la proveedora de agua corriente para Asunción y el Área Metropolitana.
El caso, que ya tiene una causa judicial abierta por impulso de grupos de consumidores, comienza a movilizar con timidez a algunos sectores ambientalistas.
Según la Red Rural, “Cargill contaminará con toda seguridad la zona y especialmente el agua, teniendo en cuenta que los barcos producen pérdidas de combustibles y en ocasiones provocan accidentes”. También hace hincapié en que la manipulación de granos “en cantidades astronómicas” y con “riguroso tratamiento químico” necesariamente produce pérdidas que en varios lugares del país ya vienen “causando serios daños a la naturaleza y a la vida humana en el campo”.
La presencia del megapuerto sobre el río Paraguay, a metros de la boca de alimentación de agua de la ciudad y sus alrededores, derivará en subproductos que “serán mucho más peligrosos que las basuras domiciliarias que van a parar a las aguas del río, pero aguas abajo de la toma de ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay)”.
La autorización para la construcción del atracadero fue de la Secertaría del Ambiente -Seam- “sin medir las consecuencias para la salud humana, y que ahora se pretende solucionar con la construcción de un muro”, alega Red Rural en su comunicación firmada por su coordinadora, Idalina Gómez Hansen.
Según el grupo de organizaciones de desarrollo, las autoridades deben suspender las obras y desautorizar las operaciones futuras “además de buscar también soluciones más duraderas para la provisión de agua potable a la población. El Estado paraguayo debe entender que ese es su deber así como el Gobierno debe comprender que su responsabilidad es con esta y las futuras generaciones”.
