Mercedes Canese y Josefina Duarte encabezaron la comitiva e hicieron referencia a una auditoría, que ya arrojó resultados preliminares.
Ambas consideran que con los documentos que cuentan hasta el momento ya se pueden realizar las conclusiones finales.
Aseguran que será clave tanto en las negociaciones entre Paraguay y Brasil con miras al 2023 y que la ciudadanía tiene que estar al tanto de la información.
“Venimos a reiterar esta nota a la Contraloría, efectivamente, para exigir conclusiones de la auditoría”, manifestó Canese.
“Consideramos que con los documentos que tienen en este momento pueden hacer ya un dictamen final para que sirva de elemento fundamental en las negociaciones”, sostuvo.
“Nuestro objetivo principal es que toda la ciudadanía esté enterada de los documentos que van a ser utilizados para las negociaciones en el 2023”, remarcó Duarte.
Canese agregó que el tema importante tiene que ver con la deuda. “Hay informes preliminares de la Contraloría de que la deuda es ilegal, que debía haber sido finiquitada en el pasado”, resaltó.
“Que se termine la conclusión final, que nos exponga a toda la ciudadanía. Cuentan con los documentos necesarios para dar el dictamen final”, reiteró.
“Están pidiendo más documentos para reforzar, para insistir con la ciudadanía que sea transparente y podamos seguir trabajando”, fue la evaluación de Duarte.
el reclamo. En la nota se menciona que lo realizado por la Contraloría es suficientemente claro, y que está sustentado en documentación auténtica.
Se hace referencia a que se aplicó una tarifa contraria al Tratado de Itaipú, por debajo del costo del servicio de electricidad.
“Según vuestro estudio, sin considerar la acumulación de intereses, entre 1985 y 1996, Itaipú dejó de facturar 1.785,2 millones de dólares, por potencia contratada y energía entregada en un 98,5% a las subsidiarias de Eletrobras, y la ANDE en un 1,5%”, concluye la nota a la CGR.
