El diputado Raúl Benítez cuestionó el proyecto de ley argumentando que no solucionará el verdadero problema de la falta de un sistema de transporte público adecuado.
Precisó que este proyecto nace para que las personas que no puedan acceder a movilidad por culpa de tener un transporte público ineficiente se vean obligadas a comprar un auto. “Nosotros ni siquiera teníamos que debatir este proyecto si teníamos un transporte público medianamente eficiente”, expresó.
Lamentó que una vez más se busque erróneamente la solución al problema de movilidad dentro de lo que tiene que ver con automóviles.
Comentó que hay una propuesta que el ingreso del vehículo pase primeramente por una inspección técnica vehicular.
“Esa limitación de los 10 años tiene una razón de ser. Un vehículo que ya pasa los 10 años tiene problemas para su reparación e inconvenientes que hacen que tenga deficiencias a la hora del uso”, manifestó.
Este proyecto fue originalmente presentado en la Cámara Baja por los entonces diputados cartistas, Pedro Alliana y Basilio Núñez, y beneficiará a los importadores de vehículos usados conocidos como Chileré.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, dijo que será un retroceso para el cuidado del medioambiente. La legisladora dijo que hay muchos vehículos que ingresan a nuestro mercado sin control ni verificación. Resaltó que hay dictámenes de comisión firmados también por los liberales opositores a favor del proyecto. Relató que los proyectistas argumentaron que hay una inconstitucionalidad, pero la Corte actual señala que no es así.
En la exposición de motivos se menciona que la normativa actual afecta a los posibles consumidores y que “se tiende a la conformación de monopolios de empresas que se dedican a la venta de vehículos nuevos”.
