La economía nacional ha recibido dos choques negativos muy fuertes en los últimos años: La sequía que desencadenó una recesión en el 2019 y la pandemia de Covid-19 que afectó significativamente a los sectores comerciales y de servicios en el 2020. En respuesta a estos choques, el Equipo Económico utilizó los márgenes financieros y los resortes institucionales para poner en marcha una política macroeconómica anticíclica, con reducciones agresivas de las tasas de interés de política monetaria y una expansión del gasto público financiado con endeudamiento externo del Estado. Estas decisiones fueron razonables considerando las circunstancias, pero requieren de responsabilidad para revertir las políticas expansivas en función del avance de la recuperación de la economía, con la dificultad de estar inmersos en tiempos electorales que marcan la agenda política del país de aquí hasta el 2023.
Es la primera oportunidad en la cual nuestro país tiene la capacidad de implementar una política macroeconómica activa. Esta requiere de acceso fluido a los mercados de capitales internacionales y credibilidad en la política monetaria, ambas cosas las hemos conseguido en los últimos 18 años. Sin embargo, la parte fácil es la que hicimos hasta ahora, reducir las tasas de interés, aumentar el gasto y la inversión pública, emitir bonos soberanos en el exterior, etc. La parte difícil es la que viene en adelante: normalizar las tasas de interés, controlar los gastos salariales del Estado, eliminar los programas de transferencias transitorios y reducir la inversión pública a los niveles permanentes compatibles con el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. La experiencia de los últimos 50 años en nuestra región ha sido mala en este sentido. Los fracasos han sido generalizados, especialmente con la política fiscal activa. Ninguno ha sido capaz de reducir el gasto público de manera voluntaria una vez incrementada, con la excusa de reactivar la economía.
Según nuestras proyecciones, la economía recuperaría su nivel y crecimiento potencial ya desde el último trimestre del presente año. Por lo tanto, lo razonable sería que la política macroeconómica recupere su postura neutral en el 2022. La autonomía y gestión técnica del BCP indican que la política monetaria evolucionará de esta manera. Sin embargo, si bien el Ministerio de Hacienda mantiene una gestión técnica, las decisiones de política fiscal están influenciadas por el ciclo político-electoral. El 2021 requiere aún de un impulso fiscal, pero lo razonable es que el déficit no supere el 3% del PIB para converger luego inmediatamente al tope del 1,5% del PIB en el año 2022.
Sin embargo, el Gobierno planteó un déficit del 4% del PIB para este año y un proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, con un periodo de convergencia de tres años al tope de déficit del 1,5% del PIB, o sea, en el 2024. Esto es preocupante, porque traslada la carga del ajuste a un nuevo gobierno que más bien buscará incrementar el gasto público para cumplir sus promesas electorales. La política fiscal se volverá procíclica y perderemos la capacidad de responder a los recurrentes choques climáticos, de precios de commodities, o crisis en países vecinos que seguro tendremos en los próximos años.
Más allá de los gobiernos y los ciclos político-electorales, para seguir con un proceso de desarrollo gradual y sostenido es fundamental mantener una economía ordenada y equilibrada. Una política macroeconómica activa requiere responsabilidad para el retiro de los estímulos en el momento apropiado, para así mantener la capacidad de actuar en próximos eventos negativos. Este y el próximo año pondremos a prueba esa responsabilidad y espero que estemos a la altura de las circunstancias.
