Escuché a un señor ya bastante mayor, que dio una solución simple, según dijo, para el caso de Arrom y Martí. “Lo que se debe hacer es contratar un sicario para que les meta plomo en Finlandia y ya está”.
Estoy seguro que esta solución tendrá una gran cantidad de adeptos, pero aclaro que esa no es la vía para solucionar nuestros conflictos.
Sin embargo, ya mucho se habló de la resolución de la jueza uruguaya Blanca Rieiro, con respecto al fallo que otorgó el refugio a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Pero, habría que hacer un análisis objetivo del auto interlocutorio 2244/2019, del 27 de setiembre pasado, ya que, prácticamente, lo que realizó la magistrada es un juzgamiento al Estado Paraguayo.
Se vieron algunos aspectos de la realidad nacional que son innegables, pese a ser dolorosa la resolución porque los fugitivos ahora están en condición de refugiados nada menos que en Finlandia.
La jueza usó informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablaban del prejuzgamiento del caso.
Cita las campañas Ni un dólar para los secuestradores y ni un dólar, a las que se adhirieron en redes sociales figuras del gobierno. Hasta habla de la publicidad enemigos del pueblo paraguayo, donde aparecen los hoy refugiados.
Esta situación es innegable, porque no me quiero imaginar si es que los mismos llegan al país y durante su juicio oral, algún magistrado siquiera se atreve a absolverlos.
Otro punto que señala el fallo es el informe del Comité contra la Tortura de 2017, donde denuncian la “práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de agentes policiales y penitenciarios”.
Agrega que el Comité observó con preocupación que los directores de cárceles contra los que se presentaron sucesivas denuncias por torturas, “rotan en sus funciones sin ser suspendidos en sus cargos ni sancionados”.
Las recomendaciones del Comité piden hacer investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias por uso excesivo de fuerza, determinaciones arbitrarias, torturas, malos tratos policiales, para que los autores sean enjuiciados y las víctimas reparadas adecuadamente.
Esta situación tampoco se puede negar, al punto de que existe hacinamiento en nuestras penitenciarías que los obligan a cerrarlas cada cierto tiempo por el exceso en la aplicación de la prisión preventiva.
“En relación al Poder Judicial el comité determinó que Paraguay debería intensificar esfuerzos para combatir la corrupción en el Poder Judicial, erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el Poder Judicial y garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial, entre otros”, dice la resolución.
Más claro agua. Y cita el caso Curuguaty, donde los camaristas que absolvieron a los 11 campesinos, fueron enjuiciados por la resolución que tomaron. Resaltan las sugerencias para lograr un Poder Judicial sin injerencias. Este argumento es definitivamente innegable.
Qué se puede decir, cuando que por una notificación que hicieron en el caso de Bonifacio Ríos, los parlamentarios ya hablaron de enjuiciar al ministro Manuel Ramírez Candia. Es más, el titular del Congreso se constituyó en el Poder Judicial para “aclarar” la situación.
Con ello, tenemos tres elementos bastante concretos. Nadie negará que existe un prejuicio de que los fugitivos Arrom, Martí y Colmán son culpables de secuestro, pese a que la Carta Magna garantiza la presunción de inocencia.
Tampoco podemos negar que existen torturas y malos tratos en nuestras cárceles. Mucho menos podemos decir que en el Poder Judicial no hay corrupción, o injerencia de los otros poderes de Estado.
De esta manera, aunque nos duela, la realidad nacional primó para que una jueza nos diga cómo estamos en la mira internacional, al punto de que un país casi desconocido para nosotros les haya otorgado el refugio.
