19 sept. 2025

Ratifican condenas para ex directivos de BNF San Pedro

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Sucursal. Las condenas a ex directivos fueron ratificadas.

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La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas impuestas por desvío de más de G. 2.500 millones, a los ex directivos del Banco Nacional de Fomento (BNF), de las sucursales de Choré y Santa Rosa del Aguaray, del Departamento de San Pedro.

Los ministros de la Sala Penal de la Corte, María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, declararon inadmisibles los recursos de casación promovidos por la defensa de los cuatro ex directivos del Banco Nacional de Fomento.

De tal manera, fueron ratificadas las condenas a los ex gerentes César Luis Vargas, quien recibió la pena de 8 años de prisión; misma cantidad de años para Oscar Pablino González.

Mientras que, en el caso de Siro Esteban Vera Godoy, fue condenado a 6 años de cárcel; y el cuarto condenado se trata de Gustavo Benítez Cohene, quien recibió 4 años de pena privativa de libertad.

Todos ellos fueron hallados culpables del hecho punible de lesión de confianza agravada en la causa caratulada como “Siro Esteban Vera Godoy y otros s/ lesión de confianza”.

El caso. Según la imputación, por lesión de confianza agravada que había presentado la fiscala Lidia Victoria Acuña Ricardo, contra el gerente del BNF de Santa Rosa del Aguaray, Óscar Pablino González; el gerente de la sucursal Choré, César Luis Vargas; el subgerente de la sucursal de Choré, Gustavo Benítez Cohene; y Siro Vera Godoy, subgerente del BNF de Santa Rosa del Aguaray.

Los mismos supuestamente se quedaron con dinero de las sucursales de Choré y Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, que depositaron en cajas de ahorro del mismo banco.

Conforme con lo mencionado por la agente fiscal Victoria Acuña, el gerente de la sucursal de Choré le pedía dinero a su par de la sucursal de Santa Rosa, lo que era retirado sin dejar documentos.

Los hechos ocurrieron desde abril del 2017. Alegó que cada vez que había arqueos, las dos sucursales se proveían de fondos para que no hubiera faltante.

La fiscala había señalado que tras una sorpresiva auditoría a las entidades, no se pudo justificar el monto del dinero faltante.

La agente del Ministerio Público sostuvo que el monto del perjuicio era de G. 2.568.300.000. Según la investigación, el dinero se habría utilizado para la concesión de préstamos de manera irregular a funcionarios y hasta a usureros.

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