06 ene. 2026

Ratifican a jueces y el lunes sigue juicio a Bower y ex policías

Con voto dividido, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación contra los jueces que juzgan a Walter Bower y los ex policías por torturas. El juicio oral seguirá el próximo lunes, a las 13:00.

30051982

Seguirá. Este lunes seguirá el juicio oral para los tres acusados por supuestas torturas.

archivo

Los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, fueron confirmados como jueces para juzgar a los acusados por supuestas torturas, Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera. Es más, ya los citaron para este lunes para seguir el juicio oral y público.

Hubo voto dividido de los camaristas en cuanto a la recusación. En mayoría, rechazaron el pedido de apartar a la jueza Laura Ocampo, quien había sido cuestionada por el audio filtrado de la supuesta conversación con uno de los abogados querellantes.

Los jueces Arnaldo Fleitas y Delio Vera, apuntan que, si bien escucharon el audio, la jueza negó que se reunió con uno de los querellantes.

Por su parte, el camarista Jesús Riera vota por apartar a la jueza Ocampo, debido a que ella no negó los audios, sino que alega que no se reunió con los querellantes. Entiende que en un juicio tan importante no puede haber sombra de duda sobre la imparcialidad de los juzgadores.

Con relación a los magistrados Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, quienes habían sido recusados por citar a las partes para oralizar el pedido, los camaristas dicen que el juicio es eminentemente oral, por lo que la regla es en forma verbal y no por escrito. Con ello, rechazaron la recusación.

De esta manera, los tres jueces fueron ratificados para seguir con el juicio oral, que inició en febrero pasado.

CITACIÓN. Apenas se resolvió la cuestión, y el expediente volvió al Tribunal de Sentencia, los tres magistrados citaron a las partes para este lunes, a las 13:00, para la continuación del juzgamiento público.

En el caso, el pasado sábado 19 de octubre, en mayoría, las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas habían declarado reprochables a los tres acusados por torturas, ya que entendieron que se probó que habían detenidos en forma ilegal y maltratado a las víctimas, los policías Jorge López, y Alfredo Cáceres.

Por su parte, Weisensee sostuvo que se modificó la acusación inicial porque se les había acusado por las lesiones que infligieron a las víctimas, según la Fiscalía, con lo que quedaron en indefensión respecto a los supuestos maltratos y la detención ilegal.

El hecho se registró en mayo del 2000, luego del frustrado golpe de estado en contra del Gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.

Ahora, se deberá realizar la segunda parte del juicio oral, en la que los fiscales Sonia Sanguines y Luis Chamorro deberán pedir las penas privativas de libertad para los tres procesados.

Según la legislación vigente al momento del hecho, los mismos pueden ser condenados a penas de entre 5 y 25 años de prisión.

Las defensas solicitarán seguramente las penas mínimas, aunque ya denunciaron que la sentencia está cantada y que incluso desde el Palacio de Justicia serán enviados directamente a prisión.

El fallo podría darse este lunes. Un punto que puede ser atacado por las defensas es que ya pasó el plazo de 10 días para reanudar el juicio.

Con voto dividido, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación contra los jueces que juzgan a Walter Bower y los ex policías por torturas. El juicio oral seguirá el próximo lunes, a las 13:00.

Más contenido de esta sección
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
Desde noviembre, la recusación presentada contra la fiscala Liz Medina en la causa de la jueza de Paz Norma Ortiz no se resuelve, por lo que el caso está trabado. La agente fue asignada para investigar el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque. El caso saltó a luz tras una auditoría de la Corte, que confirmó irregularidades en los juicios.
Ante las denuncias de supuestos pedidos de coimas para agilizar la expedición de los documentos, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a informar los casos de corrupción para investigar y sancionar.
Un análisis de 200 causas permitió establecer una caracterización aproximada de uno de los hechos más denunciados a nivel país. El 37% de los casos fueron víctimas de entre 30 y 45 años.