19 nov 2026

Rabonean hijos de diputados contratados con sueldazos

26292179

Cleto Giménez

Los privilegiados casos de contratos en la Cámara Baja para familiares de parlamentarios no solo tomó el tinte de jugosos salarios y sin concurso alguno, sino que ahora se añadiría que presumiblemente, amparados por sus padres, los hijos contratados rabonean.

El joven hijo de la diputada de Alto Paraná, Roya Torres, tal como publicó Última Hora la semana pasada, fue nombrado con G. 9.500.000. Se presume que el contrato fue fruto del canje por lealtad a la actual conducción del gobierno.

El joven se llama Elías Godoy Torres y es hijo del matrimonio integrado por la parlamentaria y el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy.

Ayer, se buscó hablar con el joven que tuvo la suerte que su primer trabajo ya sea jugosamente remunerado, presumiblemente por influencia de su madre, pero la oficina de la diputada estaba cerrada.

Del mismo modo, otro liberal dionisista, Cleto Giménez, quien coincidentemente con el caso de su colega también logró este periodo que la Cámara contrate a sus hijas.

Sendos contratos se produjeron en setiembre. Uno benefició a Maricela Giménez Rotela, que percibe un salario de G. 7.700.000 y otro para Johana Giménez Rotela, con un ingreso de G.3.300.000.

Cabe resaltar que tampoco la oficina del diputado de Canindeyú estaba abierta al público, por lo que se presume que allí nadie fue a trabajar.

Los casos de Torres y Giménez se unen al del diputado Alejo Ríos y sus colegas Játar Fernández, Mino Adorno, Germán Solinger, Benjamín Cantero, todos, con parientes directos en la Cámara. Cabe añadir que la Cámara también albergó a hijos del Senador, Silvio Beto Ovelar y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Varios legisladores además mediante claro tráfico de influencias, lograron que leales y operadores políticos tengan un ascenso meteórico.

Es el caso del propio titular de Diputados, Raúl Latorre, cuyo secretario Germán Jovellanos gana G. 26 millones. También el diputado Carlos Núñez Salinas tiene a su teólogo Carlos Argüello de asesor

26292204

Primer empleo. Roya y su hijo nombrado en Diputados.

gentileza

Más contenido de esta sección
En una reunión de la Comisión Especial de Investigación de supuestas irregularidades con tierras del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a la que acudió la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, reveló que el Grupo ueno tiene registradas 2.231 propiedades en todo el país. Además, de 160 vehículos.
Miguel Del Puerto, líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, anunció que no apoyarán la destitución de Camilo Benítez, contralor general de la República. La oposición está juntando elementos para el libelo acusatorio y también incluyen al subcontralor Armindo Torres.
La senadora Esperanza Martínez anunció que no acompañará el acuerdo constitucional para confirmar a Hugo Zárate como director paraguayo de Itaipú. Cuestionó que los cambios dispuestos por Pedro Alliana no representen una verdadera renovación y reclamó transparentar el uso de los fondos sociales, incorporar los recursos de las binacionales al Presupuesto General de la Nación e investigar las millonarias colocaciones en ueno bank.
El senador Eduardo Nakayama solicitó varios informes a instituciones encargadas del control de vuelos tanto desde el espigón presidencial como vuelos en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. Esto, en relación con las salidas del país en medio de la crisis política y financiera por el caso ueno bank que derivó en el juicio político y posterior destitución de Santiago Peña.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que no acompañará el juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, impulsado desde la oposición. Sostuvo que el titular de la Contraloría realizó una gestión diferente a la de sus antecesores y consideró que primero se deben investigar las observaciones sobre la correspondencia de bienes del ex presidente Santiago Peña.
El senador Eduardo Nakayama defendió la posición opositora que acompañó el juramento de Alba Cantero como fiscala general del Estado. Argumentó que existía un vacío legal y que la renuncia de Emiliano Rolón configuraba una coyuntura en la que se debía asumir una postura.