El país está viviendo un momento histórico, del que también tienen que surgir decisiones del mismo tenor. Si no, todo quedará como un disgusto más para la gente honesta de este país.
Nunca antes los ciudadanos confrontamos de manera tan completa el maremágnum salarial que sabíamos se estaba dando en las instituciones del Estado, y en las dos empresas hidroeléctricas binacionales: Itaipú y Yacyretá.
Todos lo percibíamos en mayor o menor medida, pero no teníamos la comprobación fehaciente, como ahora, en que por una nueva ley (la N° 5189/14) las instituciones se ven obligadas a publicar la lista de funcionarios, sus remuneraciones y demás beneficios.
Sospechábamos, pero no teníamos la dimensión del despilfarro; la medida exacta del festín en las administraciones públicas, de tanta inmoralidad.
Ahora ya la tenemos, y estamos estupefactos e indignados. Sentimos bronca, porque explica en gran medida por qué estamos como estamos. Por qué es tan apetecible y lucrativo meterse a hacer política partidario-electoral.
Por qué es tan atractivo llegar a ser concejal, legislador, intendente, gobernador, ministro o presidente, y desde estos cargos fungir de patrones y manejar tan dispendiosamente el dinero de todos los contribuyentes.
Ante esta ofensiva realidad, las personas que están estudiando alguna carrera profesional tienen todo el derecho de expresarse desalentadas. Total, en este país, para ganar un cargo público y privilegiados sueldos solo hay que buscarse un padrino político, al que se accede colaborando en alguna campaña electoral. No tiene ningún peso la idoneidad o la formación.
Ni siquiera en el sector privado, que lejos está de ofrecer los niveles salariales del Estado, y donde el sueldo mínimo legal generalmente no es el piso, sino el techo.
Por eso, además de sentir indignación, este es un momento clave para interpelar a las autoridades y preguntarles: ¿Qué harán desde los tres poderes del Estado para corregir este uso groseramente irracional de los recursos del Estado?
¿Tienen el coraje para dar el siguiente paso, que es poner punto final a la dilapidación, y profesionalizar la carrera del servidor público, estableciendo una escala salarial racional, simplificando y reduciendo los cargos, y respetando que solo por concurso y méritos se pueda acceder a ellos?
Si el Gobierno no elimina el derroche en salarios y otros beneficios inventados para esquilmar al Estado, todo seguirá en su sitio. Si permanecen las superlativas remuneraciones, nada habrá cambiado.
Seguirá habiendo ciudadanos de primera y de segunda categoría. El Estado continuará ensanchándose, y consumiendo los ingresos públicos solo para pagar sueldos y sostener el suntuoso estándar de vida de unos pocos privilegiados. Por eso, ¿qué viene ahora?
