Ante los imputados por supuestas irregularidades en gestiones de juegos de azar por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas, miembros de distintos gramios de juegos de Azar esperan una pronta respuesta de las autoridades porque el proceso se ve bastante dilatada a un año de la denuncia presentada en Cámara de Senadores.
Lorena Rojas, presidenta de La Asociación Paraguaya De Operadores De Juegos De Azar (Apoja) en comunicación con Última Hora, manifestó que desde el gremio esperan una celeridad por parte de los magistrados ante los diferentes pedidos o recursos planteados, de modo a que no tengan una causa que llegue a su fin por prescripción.
Asimismo, espera que se realicen investigaciones profundas para que se lleguen a comprobar los hechos que determinaron una acusación.
“Nosotros esperamos una condena porque queremos dejar un precedente para evitar resoluciones forzadas, como fue el caso de la regularización de máquinas de trabajo de monedas al alcance de los menores. Y lo mismo en el caso de la concesión de la quiniela, que también hay dictámenes de la Procuraduría y demás que bien respaldan la concesión en una forma muy forzada, teniendo deudas y demás”, aseguró.
Indicó que hay un sector privado unido (gremios empresariales del rubro de juegos de azar), que se encuentra agremiado y, a pesar de una experiencia nefasta, ha enfrentado la situación y por ello no permitirán ni tolerarán resoluciones forzadas, licitaciones amañadas o ninguna situación irregular.
“Yo creo que el mensaje es claro, que queremos un ente regulador con una gestión transparente, no queremos crear, generar juicios para poder tener acceso a la información. Esta debe ser transparente, debe ser rápida, debe ser ecuánime. Y el mensaje es un rubro unido, observando y queriendo colaborar desde adentro, no desde afuera, con el desarrollo de una industria del juego aquí en Paraguay”, manifestó.
Con respecto al caso del diputado electo, Rubén Rousillón, manifestó que espera que el Ministerio Público solicite el desafuero, mientras que como gremio esperan que renuncie a su inmunidad parlamentaria para demostrar o no su inocencia y de ser culpable pugne una condena ejemplar.
“Nosotros como asociación esperamos que, en el caso de que no se consigan los votos en la Cámara de Diputados, que él renuncie a su fuero y pueda demostrar su inocencia y ejercer su defensa en el caso de que sea así y también asumir la culpabilidad en el caso de que el Tribunal determine si hay o no méritos suficientes como para lograr una condena”, sentenció.
La fiscal Estefanía González había imputado a ocho personas por irregularidades en gestiones de juegos de azar por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas tras denuncias hechas en la Cámara de Senadores.
Entre los imputados se encuentran el ex procurador general de la República, Sergio Coscia, quien obtuvo el sobreseimiento provisional, y el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortiz.
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Además de Raúl Silva, Ricardo Núñez, Carmen Alonso, Osmar Mongelos y Rubén Rousillón, integrantes del Consejo de Administración de Conajzar; y Álvaro Wamosy Carrasco, dueño de la empresa que ganó la licitación.
El Ministerio Público aseguró que se constataron muchas irregularidades en la concesión e incluso rebaja en el costo del canon.
Hace más de un año, las autoridades tratan de realizar una audiencia preliminar, pero los involucrados encuentran algún tipo de recurso para dilatar el proceso, es decir, utilizan las famosas chicanas para no llegar a nada.
El pasado 20,21 y 22 de junio, los imputados fueron convocados a una nueva audiencia, pero no llegó a buen puerto, ya que Ricardo Núñez, hermano del diputado electo Basilio Bachi Núñez, antepuso un nuevo recurso.
