La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, referente a la declaración jurada de bienes y rentas. Con votos colorados y cinco liberales, ganó la versión modificada de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el cartista Derlis Maidana.
Sorprendentemente, decidieron conservar el artículo que permite que todas las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios sean públicas, sin necesidad de una orden judicial, pero se aseguraron de que las rectificaciones fuera de plazo se puedan realizar en cualquier momento sin que sean pasibles del delito de declaración falsa. La Corte habilitó la publicidad de las declaraciones solo de los años 1998 hasta 2017.
“El funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes”, expresa el texto agregado al proyecto original presentado por la Contraloría.
Los liberales Celeste Amarilla, Ariel Villagra, Manuel Trinidad, María López y Celso Maldonado fueron los únicos opositores que votaron por esta versión.
DETALLES. Otros puntos que establece la ley aprobada es el acceso directo por parte de la Contraloría a los datos de los Registros Públicos, Registro del Automotor y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para contrastar eficientemente la veracidad de lo declarado, en los exámenes de correspondencia; la exclusión de proveedores del Estado como sujetos obligados de presentar declaraciones juradas, y reducir la multa por no presentar las declaraciones, ya que actualmente es de 300 jornales mínimos sin diferencia entre quienes ganen un sueldo elevado y menos que el básico.
Sobre el tema de proveedores, el contralor Camilo Benítez explicó que más de 100 personas y empresas accionaron y consiguieron una medida judicial, por lo que ya no presentan su declaración y la ley termina siendo inaplicable. Añadió que esto afecta además a las empresas extranjeras, que cuando se hace un concurso, son excluidas. Por estos motivos, ayer se aprobó que los proveedores no estén obligados a declarar.
