11 jul 2026

Proyecto que limita deber alimentario queda en suspenso

Polémico. Instituciones ven retroceso en buscar que prestación alimentaria cese a los 18 años.

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Proyectista. Hugo Meza, quien ejercía la presidencia de la plenaria, fue firmante de la iniciativa.

Foto: Rodrigo Villamayor

La Cámara de Diputados dejó en suspenso ayer por falta de cuórum el proyecto de ley que propone modificar el artículo 189 de la Ley Nº 1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia, para establecer el cese automático de la prestación alimentaria al cumplir el beneficiario 18 años de edad, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.

El proyecto en cuestión que contaba con dictamen en contra de varias comisiones y fue presentado por el polémico diputado Jatar Fernández, y fue objeto de un acalorado debate, sin embargo, el tratamiento no pudo concluir debido a la existencia de desacuerdos en torno a la aprobación por parte de referentes de la oposición, quienes solicitaron la postergación.

Los proyectistas de la polémica iniciativa sostienen que la modificación busca otorgar mayor seguridad jurídica y eficiencia procesal, considerando que actualmente el cese de la obligación alimentaria requiere una resolución judicial, aun cuando el beneficiario ya haya alcanzado la mayoría de edad.

A criterio de los impulsores, la medida permitirá simplificar el procedimiento y contribuir a la descongestión del sistema de Justicia.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada Dalia Estigarribia, ratificó el dictamen de rechazo emitido por el órgano asesor.

Explicó que, tras una audiencia pública con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del Ministerio de la Defensa Pública y de la Corte Suprema de Justicia, se concluyó que el trámite de cese de la prestación alimentaria ya se desarrolla con celeridad y que su conclusión debe mantenerse mediante resolución judicial, en resguardo de los principios de igualdad, bilateralidad y derecho a la defensa.

En contrapartida, para los proyectistas, Fernández y Hugo Meza, ambos salieron en abierta defensa de la propuesta, argumentando que la modificación no vulnera los derechos de los menores, sino que simplifica trámites.

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