27 ago 2026

Proyecto que limita deber alimentario queda en suspenso

Polémico. Instituciones ven retroceso en buscar que prestación alimentaria cese a los 18 años.

camara

Proyectista. Hugo Meza, quien ejercía la presidencia de la plenaria, fue firmante de la iniciativa.

Foto: Rodrigo Villamayor

La Cámara de Diputados dejó en suspenso ayer por falta de cuórum el proyecto de ley que propone modificar el artículo 189 de la Ley Nº 1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia, para establecer el cese automático de la prestación alimentaria al cumplir el beneficiario 18 años de edad, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.

El proyecto en cuestión que contaba con dictamen en contra de varias comisiones y fue presentado por el polémico diputado Jatar Fernández, y fue objeto de un acalorado debate, sin embargo, el tratamiento no pudo concluir debido a la existencia de desacuerdos en torno a la aprobación por parte de referentes de la oposición, quienes solicitaron la postergación.

Los proyectistas de la polémica iniciativa sostienen que la modificación busca otorgar mayor seguridad jurídica y eficiencia procesal, considerando que actualmente el cese de la obligación alimentaria requiere una resolución judicial, aun cuando el beneficiario ya haya alcanzado la mayoría de edad.

A criterio de los impulsores, la medida permitirá simplificar el procedimiento y contribuir a la descongestión del sistema de Justicia.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada Dalia Estigarribia, ratificó el dictamen de rechazo emitido por el órgano asesor.

Explicó que, tras una audiencia pública con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del Ministerio de la Defensa Pública y de la Corte Suprema de Justicia, se concluyó que el trámite de cese de la prestación alimentaria ya se desarrolla con celeridad y que su conclusión debe mantenerse mediante resolución judicial, en resguardo de los principios de igualdad, bilateralidad y derecho a la defensa.

En contrapartida, para los proyectistas, Fernández y Hugo Meza, ambos salieron en abierta defensa de la propuesta, argumentando que la modificación no vulnera los derechos de los menores, sino que simplifica trámites.

Más contenido de esta sección
Veintiún países participan desde el lunes en Fuerzas Comando 2026, una de las competencias multinacionales más exigentes para unidades de operaciones especiales. El encuentro, coordinado por el Comando Sur de Estados Unidos y organizado en territorio paraguayo, culminará este viernes luego de cinco días de pruebas físicas, técnicas, tácticas y mentales.
Otra iniciativa, que surgió en la Cámara Baja, sugiere aumentar 10% el impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los productos derivados del tabaco y destinar de manera exclusiva los nuevos recursos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La senadora Blanca Ovelar volvió a defender su propuesta de aumentar el impuesto al cigarrillo y sostuvo que Paraguay necesita elevar su capacidad de recaudación para hacer frente a las necesidades sociales, principalmente en el área de salud. La legisladora estimó que la medida podría generar entre USD 700 millones y USD 800 millones anuales.
El líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los médicos en huelga para aplicar un ajuste salarial de manera “parcial”, ante el impacto que tendría el cumplimiento inmediato de todas sus reivindicaciones. Se mostró abierto a reprogramaciones y a ajustar el Presupuesto 2027 a las demandas, en tanto que rechaza cualquier iniciativa para aumentar impuestos.
La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, consideró que el actual contralor general de la República, Camilo Benítez, tiene prácticamente asegurada su reelección tras la conformación de la terna para el cargo. Ante este escenario, sostuvo que la oposición debe concentrar sus esfuerzos en conservar la Subcontraloría, actualmente ocupada por el liberal Augusto Paiva.
La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe impulsado por la senadora Lilian Samaniego a la Municipalidad de Ypacaraí, a fin de conocer las actuaciones realizadas en materia de seguridad vial en la compañía Pedrozo, sobre la ruta PY02, considerado un tramo de alta siniestralidad. La solicitud se da tras el accidente del 15 de agosto pasado, que dejó seis muertos.