Dentro de las propuestas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo al Parlamento para fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, se incluye el planteamiento de penalizar la manipulación de mercados y otorgarle el tratamiento de delito precedente de lavado de dinero.
En este punto, se establece que el uso de información privilegiada para la comisión de estos hechos coloca al caso como “especialmente grave”, con lo cual la pena privativa de libertad puede ser de hasta ocho años. En este contexto, la rotación de profesionales que van del sector público al privado se instala como parte del debate ético y profesional.
Desde hace unos años, en el país se ha generado la práctica constante de funcionarios públicos y autoridades del Gobierno que, cuando acaban su gestión, pasan a prestar servicios profesionales a instituciones privadas.
Las últimas movidas de este tipo se refieren a los ex ministros de Hacienda de Horacio Cartes, Santiago Peña y Lea Giménez, así como el anterior presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos. Actualmente, estos profesionales integran el plantel del banco Basa: Peña y Fernández como miembros del directorio, mientras que Giménez fue anunciada como la encargada de la casa de bolsa, a ser inaugurada próximamente.
Este grupo de ex autoridades gubernamentales presentó el 3 de diciembre pasado las perspectivas económicas para el 2018 y el 2019, en el evento Basanomics, dos días antes de que el BCP hiciera lo propio para socializar sus proyecciones.
Situaciones como la descrita podrían generar riesgos de manipulación de mercados, pues los funcionarios recientemente salidos de la administración pública pueden contar con información privilegiada que opten por utilizar en beneficio propio.
Al respecto, el economista Aníbal Insfrán, directivo de Bancop y de la casa de bolsa Capital Markets, quien también ejerció funciones en el BCP y en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), sugiere que se establezca un periodo de espera de alrededor de un año para que los ex funcionarios públicos se pasen al sector privado.
Admitió que la función pública no presenta incentivos económicos equiparables a los del sector privado, lo cual motiva a mudarse de segmento cuando surge la oportunidad. “Se torna valiosa esa persona, entonces suele tener ofertas muy interesantes en el sector privado. El porqué es interesante es por dos cosas: el conocimiento y la experiencia que tuvo, y porque puede tener cierta información que no cualquiera tendría y puede llegar a usarse”, dijo.
Entre otros casos de traslados al sector privado están los de Rafael Lara, quien de ser miembro del directorio del BCP pasó a conformar la directiva del banco Interfisa; Roland Holst, ex colega de Lara, actualmente en el directorio del banco Sudameris; Raúl Vera Bogado, ex presidente del BCP, hoy al frente de Regional; y César Barreto, ex ministro de Hacienda, actual director titular del banco Familiar.
