Explicó que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya están obligadas a enviar anualmente a la Abogacía del Tesoro los recursos que manejan y los beneficiarios finales de sus proyectos, al igual que cualquier empresa o sociedad anónima.
“La Seprelad tiene, obviamente, todos los mecanismos para hacernos un seguimiento y un control”, agregó. Citó además las obligaciones tributarias y la necesidad de tener a los colaboradores registrados en el Instituto de Previsión Social.
Cuestionó la imposición de pasar al Presupuesto General de la Nación los recursos donados para actividades que requieren acuerdos con entidades públicas, lo que desincentiva enormemente la cooperación público-privada, alegó. Criticó las sanciones desproporcionadas que establece la propuesta de ley. También que en la justificación de la misma se sugiere que algunas OSC apoyan a la oposición. “Este no es un argumento que se puede sostener en una sociedad democrática”, dijo.
