EFE.
Unos mil manifestantes -entre defensores de los animales, ambientalistas y otros colectivos- acudieron al barrio La Macarena, donde está situada La Santamaría, para manifestarse contra el reinicio de la temporada taurina que está envuelta en la polémica.
Al grito de “asesinos, asesinos”, los manifestantes, que portan pancartas contra la tauromaquia, recibieron al público que trata de ingresar a la plaza de toros, a algunos de los cuales les arrojaron pintura roja y diferentes objetos, lo que obligó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía a intervenir para tratar de mantener el orden.
Los policías llegaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y tuvieron que hacer un callejón junto con miembros de la Defensoría del Pueblo y gestores de convivencia para escoltar a los taurófilos hasta dentro de La Santamaría.
Según el coronel William Sánchez, responsable de la seguridad en la plaza, más de 1.200 miembros de la Policía fueron movilizados para “garantizar el derecho constitucional” de los aficionados a los toros y evitar disturbios ante la convocatoria a la protesta hecha por diferentes plataformas sociales.
Unos 50 encapuchados que intentaron impedir la circulación por una de las calles que da acceso a la plaza, fueron dispersados por los agentes, pero los desórdenes continúan mientras el público taurino trata de ingresar para la corrida, la primera de la “Temporada Taurina de la Libertad”.
La corrida de esta tarde tiene un cartel que integran los diestros Julián López “El Juli”, Luis Bolívar y Roca Rey, quienes lidiarán seis astados de la ganadería “Ernesto Gutierrez 6".
La Santamaría cerró en junio de 2012 por orden del entonces alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, quien consideró que ese escenario debía usarse para “actividades de vida y no de muerte”.
Sin embargo, en septiembre de 2014 la Corte Constitucional ordenó el regreso de las corridas de toros a La Santamaría al fallar en favor de la Corporación Taurina de Bogotá una acción de tutela (recurso de amparo) presentada contra la decisión de Petro.
La Corte Constitucional consideró entonces “que no existe una norma legal que imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos” y recordó que la tauromaquia es una “tradición cultural de la Nación, susceptible de ser reconocida por el Estado”.
