Editorial

Propuesta de un nuevo contrato social que requiere ser debatido

En momentos en que el Gobierno presenta su plan de reactivación económica, un grupo de reconocidos economistas y pensadores suscriben un pronunciamiento crítico en el que plantean “un contrato social para el futuro”, tras la crisis del Covid-19. Cuestionan la estructura monoproductiva centrada en la exportación de soja y carne y sugieren un nuevo modelo de desarrollo con un Estado fuerte, autónomo y eficiente, una Justicia confiable y efectiva, un sistema electoral saneado, un esquema tributario justo, una reforma del sistema de salud, un compromiso medioambiental y de protección social que garantice una vida digna, entre otros puntos. Un oportuno debate en el que la ciudadanía debe involucrarse y participar activamente.

En momentos en que el Gobierno presenta su plan de reactivación económica, reconocidos intelectuales, economistas y pensadores, como el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, la historiadora Milda Rivarola, la politóloga Line Bareiro y el filósofo Benjamín Arditi, han entregado el pronunciamiento Un contrato social para el futuro, en el que formulan interesantes críticas y recomendaciones ante la situación que enfrenta el país en el marco de la pandemia del Covid-19.

Sostienen que la crisis sanitaria y “la corrupción rampante” han dejado al desnudo, de manera abrupta y dramática, la desigualdad social y las deficiencias del Estado.

Cuestionan que el Paraguay no puede seguir atado a una inviable estructura monoproductiva centrada en la exportación de soja y carne. Si bien cuentan con ventajas competitivas en el mercado internacional, generan una alta concentración de riqueza y consecuencias negativas sobre el medioambiente, sin crear suficiente empleo digno, indican. El país precisa mejorar la distribución de la tierra y fortalecer las pequeñas fincas productoras de rubros alimenticios de consumo básico, destacan igualmente.

Proponen un nuevo modelo de desarrollo económico que “debe basarse en una matriz productiva diversificada y sustentable, justa, inclusiva y respetuosa del medioambiente, y promover actividades vinculadas con las tecnologías de la comunicación y el uso de energía limpia, la agroindustria diversificada, la producción cultural y la innovación del conocimiento, que son los nuevos motores de crecimiento, empleo, sustentabilidad medioambiental y productividad para un crecimiento más abierto, inclusivo y equitativo”. Además, hacen notar que la pandemia evidenció la relevancia de las mipymes y la agricultura familiar en la generación de empleos, ingresos y bienes básicos. Así también, creen que se debe garantizar la formalización, su productividad y su inserción en cadenas productivas competitivas.

Aseguran que el Estado “sigue capturado por poderosos grupos que controlan o intervienen en las políticas públicas y por un sector contratista que –en connivencia con funcionarios públicos de alto rango y bajo protección política– por medio de prácticas corruptas se apropia de gran parte de los recursos públicos”. Plantean independizar y garantizar su autonomía.

También proponen una urgente reforma de la Justicia, a la cual ven “hundida en el cenagal de la sumisión política y la corrupción”. Las instancias de selección, administración y control judicial están hoy pervertidas por el poder del dinero y el tráfico de influencias y nos convierten en un país inviable por la carencia total de seguridad jurídica, refieren. Proponen un sistema electoral saneado, debido a que “la narcoplutocracia ha terminado por secuestrar la democracia. Urge limitar drásticamente el costo de las campañas electorales y el financiamiento privado”.

Un esquema tributario justo, una reforma del sistema de salud, un compromiso medioambiental y de protección social que garantice una vida digna son algunos de los otros puntos incluidos en un oportuno debate en el que la ciudadanía debe involucrarse y participar activamente.

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