El presidente argentino, Javier Milei, promulgó la denominada “ley de principio de inocencia fiscal”, que eleva los umbrales mínimos para acusar a ciudadanos por evasión, con el objetivo de estimular el blanqueo de ahorros en un contexto de reservas exiguas y vencimientos de deuda inminentes.
La ley, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los “dólares debajo del colchón”, como se conoce a los ahorros no declarados, que según estimaciones oficiales ascienden a 251.000 millones de dólares.
La cifra sextuplica las reservas brutas del Banco Central, que al 30 de diciembre eran de 41.000 millones de dólares, en un año en el que Argentina debe pagar vencimientos de deuda por más de 19.000 millones, de acuerdo a la oficina de presupuesto del Congreso.
En diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina tiene un programa crediticio por 20.000 millones de dólares desde abril, pidió al gobierno “esfuerzos” para reconstruir las reservas internacionales.
La ley publicada ayer en el boletín oficial aumenta significativamente los montos a partir de los cuales se investiga la evasión (unos 70.000 dólares por año fiscal), reduce los plazos de prescripción para delitos financieros y crea un nuevo régimen impositivo en el que los inscritos quedan eximidos de informar variaciones patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los bancos a aceptar inmediatamente los ahorros de los inscritos en el nuevo régimen y llamó a los ciudadanos a recurrir al estatal Banco Nación si los privados “les piden cosas de más”.
“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, escribió en X.
Dirigentes opositores criticaron la medida por considerar que puede fomentar el lavado de activos.
“Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes”, sostuvo en X Jorge Taiana, diputado por el peronismo (centroizquierda, oposición).
Milei había lanzado un blanqueo en 2024, con el que logró ingresar al sistema bancario más de 20.000 millones de dólares que quedaban inmovilizados en cuentas especiales hasta ayer, cuando se liberó su disponibilidad. AFP
Agentes de inteligencia podrán realizar arrestos
El Gobierno de Javier Milei reformó ayer la Ley de Inteligencia Nacional mediante un decreto que redefine competencias, reorganiza estructuras y otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la posibilidad de que sus agentes aprehendan personas en situaciones determinadas.
Entre los cambios centrales, el decreto autoriza a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad y establece que sus agentes podrán aprehender personas en determinados supuestos. “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, dice la norma.
El texto oficial aclara, no obstante, que los organismos de inteligencia “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas, y precisa que el sistema tiene como finalidad la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Otro de los cambios centrales es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito interinstitucional permanente bajo la conducción de la SIDE, destinado a integrar y coordinar la producción de inteligencia entre los distintos organismos del Estado. EFE
