El caso de trabajadores de Itaipú que fueron despedidos luego de haber pasado por un concurso público; la solicitud de aumentos salariales a un sector minoritario que ya tiene salarios altos frente a la negativa de aumentar a otros con salarios más bajos e importantes responsabilidades; el militar que usa a otros militares de chofer, sin considerar los riesgos que enfrentaban y la persistencia en la sombra del llamado freezer que se acentúa en todos los cambios de gobierno son solo algunas de las señales de la inexistencia de la carrera profesional.
Un pilar fundamental e indispensable para la calidad de los servicios públicos es la existencia de funcionarios alineados a los objetivos de las políticas públicas. El acceso y la promoción de funcionarios por fuera de criterios meritocráticos basados en las competencias y resultados de la gestión no solo destruye cualquier intento de construcción de una carrera profesional, sino que además da mensajes sumamente negativos a la ciudadanía.
El acceso a cargos públicos por favores políticos y sin la mediación de procesos de selección rigurosos y transparentes terminan generando vulnerabilidad e incertidumbre en quienes trabajan cumpliendo con sus funciones frente al abuso de poder, mientras que quienes entraron con apoyo de algún padrino responden al mismo y no a su cargo ni a la ciudadanía.
La ausencia de una carrera del servicio civil no solo produce ineficiencia y mala calidad de servicios, sino sobre todo desaliento ciudadano y deslegitimidad del Estado. Varios informes internacionales dan cuenta de que a pesar de que el tamaño del sector público paraguayo es relativamente pequeño en comparación con los de la OCDE y los de la región, adolece de problemas estructurales.
Entre los problemas se encuentran prácticas de reclutamiento de la administración pública con un alto grado de arbitrariedad. A esto se agregan los escándalos derivados de los privilegios con los que cuenta un sector minoritario de funcionarios públicos en términos de remuneraciones y beneficios adicionales sin vinculación con sus funciones y rendimiento.
La señal que se proporciona a la ciudadanía, especialmente a la juventud, es que para trabajar en el sector público no es importante el estudio, sino los nexos políticos, destruyendo el rol de la educación como motor del proceso de movilidad individual y del desarrollo nacional.
El efecto mayor se produce en la deslegitimidad del Estado y la fragmentación social, situación sumamente negativa para la gobernabilidad. Paraguay es el país de América Latina con el mayor porcentaje de la población que opina que se gobierna para unos pocos.
Esta percepción está vinculada, por un lado, con la contratación en el sector público de allegados al partido político de turno. Por otro lado, porque los servicios públicos se dirigen a un sector también privilegiado derivado de la acción interesada de los funcionarios que atienden los intereses de quienes los pusieron allí y no de la ciudadanía.
Si bien las noticias recientes se vinculan a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Judicial no escapa a la misma situación. La impunidad prevalece frente a los casos de corrupción por parte de servidores públicos y no solo eso, sino que en muchos casos se observan promociones en los cargos habiendo tenido antecedentes que ponen en duda la legalidad, ética y legitimidad de la gestión.
Los tres poderes del Estado deben tomar conciencia y abordar de manera estructural el desafío de la implementación de la carrera del servicio civil. No es solo una cuestión de ganar eficiencia en la gestión de los recursos públicos sino, sobre todo, de legitimar la democracia y la confianza ciudadana en los valores democráticos y en sus autoridades.
