Tres expertos británicos brindan estrategias a actores judiciales y sociales en Paraguay, con miras a hacer más efectivo el sistema de cuidado y protección de niños y niñas.
El juez Ranjit Uppal, especializado en familia y derecho de la niñez, comenta que –indistintamente a nivel mundial– los procesos judiciales llevan de dos a tres años para resolverse. Hace cuatro años –dice– cambiaron la legislación de protección de niñez en el Reino Unido, que permitió la articulación interinstitucional para acelerar la resolución de casos judicializados y agilizar los procesos administrativos de adopción.
Para ello, se deben unificar los “criterios de verificación del bienestar” del niño o la niña.
En seminarios que brindan, desde el pasado sábado junto a Paraguay Protege Familias (PPF) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MNA), los expertos internacionales proveyeron una hoja de ruta para que jueces, actuarios, defensores y otros, la utilicen. “Entonces se toman decisiones con base en la misma evidencia. También cómo lograr reducir de tres años a seis meses”, apunta y cuenta que ya se reunieron con ministros de la Corte Suprema de Justicia, la defensora general, con la fiscala general del Estado y con la ministra de la Niñez.
“En Inglaterra, antes tomaba dos a tres años el proceso judicial del caso de un niño en cuidado alternativo y nos dimos cuenta de que eso era una equivocación”, repasa Uppal y explica: “Cuando se judicializa el caso de un niño, la Corte tiene que decidir con base en las evidencias y una vez de eso debe tomar la decisión sobre el bienestar del niño tomando en cuenta el seguimiento sicológico y el trabajo social. Luego tiene que ver las opciones: si vuelve con su familia biológica (pueden ser sus padres o abuelos, tíos), el acogimiento de una familia extendida, un albergue o una adopción. Esas decisiones se toman en seis meses”.
La segunda fase se da –dice– en el Centro de Adopciones que se maneja a partir de órdenes de jueces para que busque una familia. “El centro debería tener una lista de familias aprobadas. Ese proceso debería ser también eficiente”, señala. Para el efecto, sugiere “identificar cinco problemas urgentes” en la demora de adopciones. “Establecer un plan piloto y monitorear cuántos niños pasan por ese proceso; quizás con dos jueces y seguir la adaptación de los niños en familias extendidas. Observar el plazo y calcular el costo”. Todo esto se tiene que realizar teniendo al interés del niño como prioridad, según Dan Hope, trabajador social.
“Ningún niño quiere estar en albergues ni siquiera en los mejores. Prefieren las familias. Eso puede ser en corto plazo o permanente, afirma Hope, que ya recorrió 30 países capacitando sobre la materia.
Para desarrollar buenas prácticas en protección de niñez, refiere, se deben establecer los vínculos entre la sociedad, municipios, ministerios, jueces y trabajar en alianza con las organizaciones sociales y fundaciones más grandes.
“El modelo actual está roto”, postula a su vez Nigel Priestley, abogado defensor. Según él, se precisa de “voluntad política” para aplicar los cambios: “Hay un sentido de que las cosas no pueden seguir como están”.
Hemos sugerido una revisión estratégica para revertir, por ejemplo, la demora en el proceso de adopción. Ranjit Uppal, juez británico.
1.488 niños y niñas se encuentran alojados en algunos de los 50 albergues oficiales que están distribuidos en todo el país.
72 causas judiciales están paralizadas: niños que deben ser declarados en adopción y otros casos, cuyos trámites ni siquiera se iniciaron.