“El que quiere puede” cuando las instituciones no funcionan no solo es falaz, sino que genera pérdidas económicas de largo plazo, sobre todo en los casos en los que debieron endeudarse, y a la pérdida hay que agregarle la deuda.
Las autoridades que están al frente de las instituciones que deben controlar el ingreso ilegal se dedican a cualquier otra cosa, menos a proteger los intereses nacionales.
La agricultura familiar ocupa a alrededor de 100.000 fincas, lo cual beneficia a alrededor de 500.000 personas. A esas familias hay que sumarles las que consumen, que son las restantes, sobre todo las urbanas, que constituyen más de la mitad del total del país.
Es una vergüenza que la Policía Nacional esté más dispuesta a ocupar recursos humanos, combustible, dinero y tiempo a reprimir productores que se quejan de la problemática que a frenar a los contrabandistas.
La mayor parte de las instituciones con competencia en el tema, a pesar de que cuentan con presupuesto, están ausentes en la solución. Están tan ausentes, ya que la situación no mejoró absolutamente nada ni en este Gobierno ni en el anterior.
Los resultados son muy claros. Al no generarse ingresos en el sector rural, la reducción de la pobreza se estanca, mientras que la inflación de alimentos se mantiene, en promedio, mucho más arriba que la inflación general.
Las consecuencias indirectas son igualmente negativas.
La expulsión del campo a la ciudad está generando un crecimiento casi insostenible del área metropolitana de Asunción y de otras urbes. La deficiente producción de alimentos pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria, haciéndonos dependientes de otros países.
El contrabando y la precariedad de la agricultura familiar son el reflejo del fracaso político de muchas instituciones públicas, con una cantidad importante de autoridades políticas y funcionarios públicos que cobran salarios y gastan recursos públicos sin tener resultados.
No es el caso de otros ámbitos en los que las instituciones se encuentran sobrepasadas y no cuentan con el presupuesto suficiente para cumplir con los objetivos que la ley les otorga. En este, la institucionalidad pública tiene una serie de organismos, cada uno de ellos con diferentes funciones que, si se coordinaran adecuadamente y sus funcionarios ejercieran sus responsabilidades con compromiso y honestidad, otro sería el resultado.
Es decepcionante observar cómo la desidia de los responsables conduce al fracaso de un amplio sector de la población en un problema que tiene solución. Solo es necesario que se movilice la voluntad política. Esperemos que en el corto plazo cambien esta situación.
