La Procuraduría General de la República informó el comiso de G. 7.000 millones sobre bienes de ex funcionarios condenados por hechos punibles de corrupción. Es el primer caso conocido y se trata de los ex funcionarios de Aduanas Hilarión Osorio y Arnaldo Abegg, y sus respectivas esposas, Tomasa Álvarez y Cynthia Giménez.
El anuncio fue realizado ayer por el procurador Sergio Coscia tras la reunión que mantuvo con el presidente, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno.
Explicó que se trata de una condena de 2007 y otros ex funcionarios también recibieron la misma sanción en el 2009. “Hoy por fin hemos logrado culminar los trámites de inscripción de los bienes a nombre del Estado paraguayo”, remarcó. Son cuatro inmuebles que corresponden a edificios en el Alto Paraná, vivienda en Asunción y otra en Lambaré, además de vehículos de 2007 que tendrán su propio trámite para inscribir a nombre del Estado.
Coscia dijo que lo recuperado a nombre del Estado ronda en los G. 7.000 millones en este caso de corrupción en Aduanas.
“Desde que hemos empezado esta labor dentro de la Procuraduría de la República tenemos un aproximado entre G. 38.000 y 40.000 millones en bienes que han sido inscriptos a nombre del Estado paraguayo”, sentenció en términos más globales de bienes provenientes de hechos punibles del crimen organizado.
El presidente destacó el trabajo realizado y consideró que beneficiará para llevar adelante otras acciones en materia de proyectos sociales. “Por primera vez el Estado paraguayo, mediante la Procuraduría General de la República, logra recuperar e inscribir a su nombre bienes provenientes de decomisos por crimen organizado por un valor 40.000 millones de guaraníes”, significó.
corrupción. Coscia remarcó que el mensaje que lanza el Poder Ejecutivo a los funcionarios públicos es claro en el sentido de que aquellos que quieren ser deshonestos recibirán la sanción correspondiente y no quedará impune.
“Este es el mensaje claro para los funcionarios públicos: que el crimen y los hechos punibles no pagan. El Estado paraguayo cumple con el objetivo de terminar la investigación, la condena y recuperación de los bienes del Estado. Nosotros estamos garantizando con los actos jurídicos, cumpliendo las instrucciones del presidente, de que caiga quien caiga y que no habrá impunidad”, significó.
El procurador señaló que es un caso que puede considerarse histórico.