Hace varios años, en muchas ocasiones, oral y por escrito manifestamos nuestra preocupación por el manejo del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN), que se considera, adherimos a esa opinión, es la segunda norma jurídica más importante después de la constitución paraguaya.
Un manejo descuidado o desprolijo del PGN –omitiendo la calificación más rigurosa que correspondería asignarle– puede ocasionarle daños, en algunos casos irreversibles, al presente y futuro destino de un país, no solo en cuanto a lo financiero o económico, sino a las repercusiones negativas directas sobre la salud, la educación, la seguridad, factores fundamentales para el desarrollo de un país, su estabilidad, buen ejercicio y funcionamiento de los tres poderes del Estado, gobernaciones, municipios y extra poderes. Consecuentemente, la adecuación apropiada y conveniente del PGN redundaría en beneficio de todos los habitantes.
En el nuestro, lamentablemente, se distorsiona y hasta se corrompe el manejo del PGN, fundamentalmente, por las ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias que provienen, antes que atender al mejor criterio del empleo y destino de la inversión, ajustada a los magros recursos con los que se cuentan, se los utiliza inadecuada, acaso perversamente.
El mal uso y destino incorrecto del presupuesto se debe, en muchos casos, a intereses –-de diversa índole– y ambiciones de personas que ocupan cargos importantes en el Gobierno, las gobernaciones, municipalidades, sindicatos, instituciones varias, extra poderes, etcétera.
Ciertamente es reconocer que muchas peticiones y reclamos son incuestionablemente legítimos y justos, pero si los recursos no existen, el momento o la oportunidad es adversa para cumplirlos y exige su postergación, porque la exigencia de la satisfacción de esos legítimos pedidos ocasionaría una situación insalvable con perjuicios mayores que el beneficio que se recibiría, vale decir con efecto búmeran negativo, en términos directos y generales, produce mayor desaceleración, inflación, desempleo, miserias, etcétera.
Manifestamos, como ya lo dijimos, muchas veces, nuestra preocupación en ese aspecto concreto, y propusimos no como solución –sino como una simple conjetura de mejoramiento de esas causales negativas– una propuesta de cómo se da en ocho países importantes de América, entre los cuales citamos a Chile, Uruguay, Colombia, etc., que expresan, directa o indirectamente, que las ampliaciones presupuestarias solo pueden ser originarias en el Poder Ejecutivo.
Nuestra propuesta –dicha en forma directa– también atribuye esa capacidad de origen de las ampliaciones al Poder Ejecutivo, condicionadas a presentar al Congreso, obligatoria y detalladamente, las fuentes de financiación de las ampliaciones solicitadas, sin su cumplimiento se rechaza in límine el pedido.
En cuanto a las reprogramaciones, también se modera pidiendo que las mismas no afecten a recursos idóneos o propios para el bienestar general, ni se transfieran los gastos o destinos no rígidos, a favor de los gastos rígidos o corrientes. Es fundamental también disminuir los gastos corrientes, mediante una evaluación del personal presupuestado y exigente control del cumplimiento de sus obligaciones, lo cual hace posible mejorar la calidad de los gastos, ajuste del número conveniente de personal y la paulatina disminución de incrementos innecesarios de agentes.
Muchos podrían ser los argumentos favorables a esta modalidad, pero solo destacaremos dos. El primero, referido a las ampliaciones exclusivas a favor del poder administrador o Ejecutivo, dado que es el que cuenta con la mejor estructura, personal especializado, con los conocimientos suficientes y mejores que cualquier otra institución para conocer los recursos con los que contaría el Estado, así como de su mejor inversión posible porque se juega el destino del país y de su propia administración. El segundo argumento, porque se evitarán a los legisladores las presiones, a veces con carácter de extorsión, operadores, punteros, sindicatos, instituciones, etcétera, manifestando en su contestación que la responsabilidad de la iniciativa está exclusivamente en otra esfera estatal. (El Ejecutivo).
La modalidad propuesta, repetimos, no es la solución total del problema, pero puede disminuir las masivas ampliaciones e incorrectas reprogramaciones que tanto perjudican al Paraguay en todos los aspectos.