El Senado postergó ayer hasta el 25 de marzo el análisis de la reforma a la Caja Fiscal, tras una jornada de protestas masivas encabezadas por docentes que paralizaron el centro de Asunción y bloquearon accesos a varias ciudades del interior. La decisión, comunicada por el vicepresidente Pedro Alliana, surgió en un contexto de dudas sobre el apoyo necesario para aprobar el proyecto con enmiendas, entre ellas una implementación gradual de la tasa de sustitución exclusiva para el sector educativo.
La sesión extraordinaria, caracterizada por desacuerdos entre los legisladores, fue suspendida por una o dos semanas con el fin de permitir un examen más detallado y la participación de los sectores afectados. Previo al debate, persistía la incertidumbre: Algunos senadores respaldaban el texto con modificaciones, mientras que otros lo cuestionaban por considerarlo precipitado en un asunto delicado como el régimen jubilatorio.
Además de la concentración en el microcentro de Asunción, miles de docentes se movilizaron en las principales urbes del país (como Alto Paraná, Concepción, Ciudad del Este, Misiones y Amambay) para exigir una jubilación digna y oponerse al tratamiento del proyecto de ley. “Rojujeyta, rojujeyta (vamos a volver)”, corearon los manifestantes antes de dispersarse desde la Plaza de Armas, cercana al Congreso, una vez confirmada la postergación en la Cámara Alta.
Con la iniciativa en pausa, se genera espacio para un diálogo más amplio que aborde los déficits previsionales sin recaer únicamente en los trabajadores. El proyecto, aprobado el jueves pasado en la Cámara de Diputados con 41 votos a favor, plantea elevar la edad mínima de jubilación, modificar las tasas de sustitución y extender los años de aportes. No obstante, carece de acuerdo entre los grupos involucrados –docentes, fuerzas públicas y magistrados–, cuyas cajas presentan desequilibrios financieros.