Con esto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene un plazo de seis días hábiles para beneficiar a los funcionarios públicos con su promulgación o para vetar el documento.
Se trata de la ley ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19'”.
La propuesta original fue presentada por la Contraloría General de la República en Diputados, donde tuvo algunos cambios y fue remitida al Senado, donde se consignó la controvertida modificación que permite dejar sin sanciones a quienes omiten bienes en sus presentaciones.
La oposición aseguró que esta normativa, con los cambios hechos en el Congreso, busca despenalizar el ocultamiento de bienes, mientras que los cartistas aseguran que esto solo pretende que no se sancione a los olvidadizos.
En contra. Distintos gremios industriales y de la producción se pronunciaron contra la ley y aseguraron que esto será una puerta “a la impunidad, corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia”. Hicieron un llamado a las instituciones a que verifiquen el contenido del documento “para no ser cómplices o encubridores”.
La definición entra en el radar del Poder Ejecutivo en medio de la guerra electoral con el sector del cartismo que está impulsando justamente el proyecto. En la última sesión del Senado, no se lograron reunir los 23 votos que eran necesarios para penalizar el olvido en las declaraciones juradas. La jugada de los legisladores apunta justamente a evitar que la Contraloría General de la República pueda reportar a la Fiscalía el ocultamiento de los bienes.
La moción de ratificar el texto original de la Cámara de Senadores que disponía que la Contraloría General denuncie ante la fiscalía en caso de que surgiesen indicios de que la omisión o error en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos fueran con dolo imputable al denunciado solo tuvo 18 de los 23 votos necesarios.
Fuentes cercanas al mandatario mencionaron que el jefe de Estado junto a sus asesores se tomarán el tiempo para estudiar la ley y tomar una decisión al respecto, de vetar o promulgarla.