La Unión Industrial Paraguaya (UIP) solicitó al presidente Mario Abdo Benítez que vete la ley de autoblindaje legis-lativo que precisa de la decisión presidencial.
Gustavo Volpe, titular del gremio, remarcó que hay que alentar todos los procesos de transparencia y que este tipo de trabas hacen muy poco a nuestro país.
El empresario habló del tema luego de la reunión que mantuvo ayer con Marito en Palacio de Gobierno hasta donde llegaron con sus pares para conversar sobre las reglas tributarias para el comercio fronterizo.
Pese a las fuertes críticas de la ciudadanía, el Congreso sancionó el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura. Con la normativa, elevaron la cantidad de votos necesarios para que un senador o un diputado pueda ser echado de su banca.
Hasta ahora el procedimiento requería, tal como establece la Constitución, mayoría simple de votos, pero con la ley precisarán mayoría absoluta, es decir, 23 votos en Senado y 41 en Diputados.
En presidencia de la República informó que aún no llegó el mensaje desde el Congreso. El mandatario debe promulgar el documento.
REACCIÓN CIUDADANA. Gustavo Volpe señaló que se debe estar en desacuerdo con la posición asumida por los legisladores que buscan poner más trabas al proceso de depuración política que salpica a varios de sus referentes.
“Si nuestros legisladores utilizan su derecho de poder modificar leyes que le beneficien a ellos, nos parece muy mal. Es algo que la ciudadanía entera debe estar en desacuerdo”, remarcó el presidente de la UIP.
Dijo que desde el sector empresarial están tratando de pelear contra la informalidad. “La informalidad justamente es alentada por actitudes de estos parlamentarios que se autoblindan para que no se pueda buscar la transparencia. Por lo tanto, a nosotros, nos parece muy mal lo que se está haciendo”, arremetió.
Insistió que “corresponde el veto” presidencial en señal de rechazo al plan de los legisladores.
INCONSTITUCIONAL. La medida legislativa es considerada inconstitucional ya que se establece que la destitución debe ser por mayoría absoluta, cuando la misma Constitución Nacional establece que se aplicará la mayoría simple cuando no se estipule específicamente en el algún caso.
Si entra en vigencia, varios son los legisladores que serán beneficiados. Entre ellos, el diputado Carlos Portillo (PLRA), quien es investigado por supuesto tráfico de influencias. También está el polémico Miguel Cuevas, quien está por dejar la presidencia de la Cámara Baja. Es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito producto de supuestas irregularidades administrativas cometidas durante la época en que fue gobernador de Paraguarí.
Otro diputado es Tomás Rivas cuyo caso también está a instancias de la justicia y es conocido como los caseros de oro. En el Senado está Javier Zacarías Irún. Tiene encima dos imputaciones por supuesta declaración falsa y lesión de confianza. Ya fue desaforado.
Si nuestros legisladores utilizan su derecho de poder modificar leyes que le beneficien a ellos, nos parece muy mal.
La informalidad justamente en un caso como este es alentada por actitudes de estos parlamentarios que se autoblindan Gustavo Volpe, presidente de la UIP.