El proyecto de ley establece que la energía eléctrica es un derecho humano. “Consiguientemente, se establece que la ANDE tiene la obligación de conectar a toda familia o mipyme del país, estableciéndose una tarifa más reducida entre 0 y 1.500 kWh/mes para familias, con descuento de 90% para el menor rango de consumo (de 0 a 100 kWh/mes) y, en forma decreciente, menores descuentos para los consumos medios (de 15% y solo fuera de punta, entre 1.000 y 1.500 kWh/mes)”, informaron las organizaciones responsables de la presentación.
Rubén Penayo calificó la jornada como histórica, “en tiempos que hay mayor persecución a organizaciones sociales”. “Este es el pueblo reunido acá, para presentarles esa otra cara que tenemos, el pueblo de las propuestas, para el pueblo, y, sobre todo, por el pueblo. La expansión de la tarifa social es una forma de distribución de la riqueza que el Paraguay produce”, dijo.
La iniciativa pretende además crear el impuesto al alto salario público (IASP) para financiar la tarifa social nacional, que se estima requerirá una inversión anual de USD 200 millones. El financiamiento para cumplir con la norma también se obtendrá evitando gastos superfluos y de la renta producto de las binacionales, porque el objetivo es destinar los fondos discrecionales de las binacionales al subsidio.
MÁS. La ingeniera Mercedes Canese resaltó que la alternativa va a beneficiar a la mayoría de la población, y hasta 5.000 kWh/mes para las juntas de saneamiento, “porque el agua también es un derecho humano”. “Y también una tarifa gratuita hasta 300 kWh/mes para los indígenas y la tercera edad en situación de pobreza”, declaró la ex viceministra de Minas y Energía.
“Es un proyecto de ley que va a contribuir a que el pueblo sienta el beneficio de esa enorme riqueza energética que tenemos, con tarifas más reducidas (...). Está más que nada destinada a las familias de menores ingresos”, insistió la profesional.
