Luego de que ningún responsable haya sido identificado y que el caso de la deuda espuria de Itaipú haya quedado sin castigo, diputados de la oposición presentaron una propuesta que aumenta la pena de los hechos de traición a la patria y los categoriza como crimen.
Se trata del proyecto de ley que eleva la pena y tipifica como crimen la infidelidad en el servicio exterior, previsto y penado en el Artículo 314 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo.
Fue presentado por legisladores del Frente Parlamentario contra la Corrupción, los liberales Édgar Acosta, Celeste Amarilla, Jorge Ávalos Mariño, Juan Manuel Ayala, Enrique Mineur, Carlos Silva y Pastor Vera Bejarano, y del Encuentro Nacional Kattya González.
“Utilizamos el derecho comparado de diversos países que elevan al nivel de crímenes los hechos de directa y alevosa traición a la patria y a sus intereses”, expresa parte del texto.
Los diputados lamentan que un acto notoriamente lesivo para los intereses de la patria no haya sido castigado y que, evidentemente, con las penas muy bajas se termina consolidando la corrupción, “pues no representan un elemento persuasivo que impida el desarrollo de la acción”.
Por ese motivo, en el proyecto se plantea una pena privativa de libertad de seis a 20 años.
“Bien puede apreciarse (en los demás países de la región) una tendencia en la ausencia de una indulgencia para con casos de sonado tenor que impliquen un acto de manifiesta traición a la patria donde, en nuestro país, encontramos que existe una interesante levedad en la aplicación punitiva. De esta forma, el interés de robustecer las sanciones para todo aquel que actúe en discordancia con los intereses nacionales es el espíritu de este proyecto”, explica el proyecto.
Actualmente, el Artículo 314, de la infidelidad en el servicio exterior, señala que el funcionario que en representación de la República ante un gobierno extranjero, incumpliera una instrucción oficial o elevara informes falsos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
Sin embargo, indican los proyectistas, que en la mayoría de los casos, estos hechos ni siquiera son juzgados con la prisión y que solo se aplican multas que no reparan el daño causado.
La Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición presentó en agosto una denuncia penal por la deuda espuria detectada en la hidroeléctrica Itaipú, que alcanza USD 4.193 millones, tras una rebaja de precios de la tarifa a favor de Brasil entre 1985 y 1997, y que tuvo el aval de los directores paraguayos de la binacional.
Con este proyecto también se pretende castigar los casos similares a la firma secreta del acta de Itaipú, en la que estuvo involucrado el abogado José Rodríguez, vinculado al vicepresidente de la República Hugo Velázquez.
Honor Colorado había salvado de un juicio político a Mario Abdo Benítez, luego de del acuerdo con Brasil que hubiese causado un perjuicio patrimonial a la ANDE de USD 250 millones y que finalmente fue cancelado, tras la renuncia de ministros y embajadores involucrados en el supuesto negociado.
