EFE
La denuncia se extiende a tres dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) que fueron ministros en el Gobierno de Lula: la actual senadora y presidente del PT Gleisi Hoffmann, el exministro de Planificación Paulo Bernardo Silva y el exministro de Hacienda Antonio Palocci, que también cumple una condena por corrupción. Igualmente se extiende a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora y cuyas confesiones permitieron sustentar la denuncia.
El Ministerio Público Federal (Fiscalía) le pidió a la Corte Suprema que les abra un juicio por corrupción y lavado de dinero debido a que exejecutivos de Odebrecht los acusaron de aceptar unos 40 millones de dólares a cambio de decisiones del Gobierno que favorecieron los negocios de la constructora.
Además de la condena a 12 años de prisión que ya cumple por corrupción y lavado de dinero, Lula enfrenta otros seis procesos, en su mayoría vinculados al gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Pese al encarcelamiento, a la multiplicación de los líos judiciales y a la ley que inhabilita electoralmente a los condenados en segunda instancia, el PT ha dicho que mantendrá la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales de octubre próximo, para las que figura como favorito en todos los sondeos.
La nueva denuncia fue presentada ante la Corte Suprema debido a que Hoffmann, una de las principales voceras de Lula y defensoras de su candidatura, tiene foro privilegiado y solo puede ser juzgada por el Supremo Tribunal Federal debido a que ejerce un mandato como senadora.
La denuncia está enmarcada en las investigaciones que la Fiscalía está adelantando con base en los testimonios que cerca de 60 exejecutivos de Odebrecht hicieron ante la Justicia como parte de un acuerdo por el que aceptaron confesar todos sus crímenes a cambio de reducciones en sus posibles condenas.
Los delatores afirmaron que Odebrecht le prometió a Lula en 2010 que realizaría donaciones electorales para el PT por unos 40 millones de dólares a cambio de decisiones gubernamentales que beneficiaran los negocios de la mayor constructora de Brasil.
En la época Lula cumplía el último de sus ocho años de Gobierno pero el PT garantizó la permanencia en el poder con la elección ese mismo año de su ahijada política, Dilma Rousseff.
En contrapartida a las donaciones, el Gobierno de Lula favoreció a Odebrecht con diferentes medidas, entre las cuales, según la Fiscalía, estaba un millonario crédito en condiciones ventajosas que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) le concedió para financiar sus proyectos en Angola.
La Fiscalía informó en un comunicado que, además de los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht, sustentó su nueva acusación con otras pruebas que recogió durante la investigación, como planillas de pago confiscadas en la empresa y mensajes de texto en teléfonos móviles a los que obtuvo acceso con el levantamiento del sigilo telefónico de los empresarios.
“También fueron anexados confesiones extrajudiciales y comprobantes de un fraude en la prestación de cuentas ante la Justicia Electoral. Hasta el transportador de esas ventajas indebidas fue identificado”, según se lee en el comunicado, firmado por la fiscal general de la República, Raquel Dodge.
Lula, que este mes comenzó a cumplir en una celda en la ciudad de Curitiba la pena a 12 años de prisión a que fue condenado en un proceso por los desvíos de Petrobras, tendrá que responder tras las rejas a otros seis procesos y tres investigaciones, así como a la posibilidad de que la Corte Suprema le abra un juicio por la nueva denuncia.
