El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) presentó en la Fiscalía General del Estado un pedido de investigación a la ex senadora Mirta Gusinky, por supuesta apropiación, tras vacunarse contra el Covid, sin estar en el rango de edad.
Según comentó el presidente de Sinadi, Miguel Marecos, la denuncia formal se hizo “en honor a los 155 guerreros docentes caídos (a causa del Covid) en la trinchera que no pudieron acceder a las vacunas”.
El titular comentó que el hecho se configura como apropiación, según lo que establece el Código Penal, en el artículo 160.
Además, con referencia a su salida del Senado, dijo que la renuncia no la libera de la responsabilidad penal. “Ojalá ella misma se someta a la Justicia. En nombre de la decencia, los valores morales. La renuncia no le exime de responder ante el Estado y la Justicia por el daño cometido”, sostuvo Marecos.
Aseguró que miles de docentes están en cama esperando la vacuna.
En la denuncia presentada pidieron la investigación y el castigo de la ex senadora.
Marecos aseguró que desde la institución van a realizar el seguimiento del caso.
INMUNIZADA. El hecho de que la senadora renunciante se vacunó contra la enfermedad del Covid-19, el pasado 19 de abril, aprovechando privilegios, tomó estado público hace unos días.
Se confirmó de acuerdo con documentos que una brigada de funcionarios de Salud se trasladaron hasta su vivienda para aplicarle la dosis.
Fue el ex director de la XVIII Región Sanitaria, Robert Núñez, el que integró el grupo que la fue a vacunar y registró a la ex legisladora como “trabajadora de salud encamada”. Núñez fue separado del cargo tras conocerse el hecho.
El plan de vacunación solo abarca hasta adultos mayores de 75 años; sin embargo, por falta de organización adecuada, ya se registraron varios inconvenientes.
VACUNACIÓN VIP. El Ministerio Público ya recibió varias denuncias porque políticos, directivos de facultades y más personas lograron ser vacunados en Presidente Franco, en Asunción y Central, pese a no contar con la edad requerida. Hay varios fiscales asignados a investigaciones.
La denuncia se extiende, además, porque hay varias personas que todavía no pueden acceder a las dosis.