La preocupación del vecino país pasa por el hecho de que la Senad tenía a unos 300 agentes operando en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã en Mato Grosso do Sul. Estos agentes contaban con información entrenamiento y equipos de la policía estadounidense.
En esta zona fronteriza se establecieron varias organizaciones criminales enfocadas al narcotráfico. Al tratarse de una frontera seca, la región es uno de los principales puntos de entrada de estupefacientes al estado de Mato Grosso do Sul, desde donde la droga viaja a otras regiones de Brasil.
“Por lo tanto, el seguimiento realizado por agentes estadounidenses en el país vecino colaboró no solo con las fuerzas de seguridad locales, sino también con las de Mato Grosso do Sul”, explica parte del mencionado artículo periodístico.
SITUACIÓN SIMILAR. La preocupación del Brasil no solo se debe al cese de la relación entre Paraguay y la DEA, sino también al atraso salarial que registran policías de Bolivia, situación que también haría vulnerables los controles de drogas.
Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, superintendente de la Policía Federal de Mato Grosso do Sul, afirmó que las debilidades momentáneas, si se vuelven crónicas, pueden efectivamente favorecer el aumento de la actividad criminal. Por eso ambos casos merecen atención.
“El Estado brasileño y las instituciones que componen el sistema de justicia penal en el país están atentos a estos problemas y mantienen un diálogo constante con los socios vecinos, para actuar juntos frente a un problema que es global: El crimen organizado. El narcotráfico a través de las fronteras de Brasil con Bolivia y Paraguay es una fuente constante de preocupación para los gobiernos de los tres países y, en consecuencia, un foco de atención para las fuerzas públicas”, comentó el superintendente de Mato Grosso.
CONTEXTO. El pasado 6 de diciembre, Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), envió una nota a la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), en la que anunciaba el término de la participación de la Senad en el programa SIU (Sensitive Investiation Units) de la DEA. para “optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas”.
Esto se dio a conocer un día después a la opinión pública, a raíz de una publicación del medio estadounidense The Washington Post.
