Editorial

Premiar con cargos a políticos cuestionados es un retroceso

La decisión del presidente Mario Abdo Benítez de premiar al ex senador y dirigente colorado Julio César Velázquez, otorgándole el cargo de consejero del Instituto de Previsión Social, es una afrenta para la ciudadanía que exige cambios en la acción política y el saneamiento de la administración pública. Velázquez ya había sido echado del Ministerio de Salud en 2005 por el entonces presidente Duarte Frutos, tras denuncias periodísticas de casos de corrupción publicadas por este diario y fue uno de los que maniobraron para forzar la enmienda de la Constitución en 2017, buscando imponer la reelección presidencial prohibida. Este nuevo nombramiento, que se suma a los de otros políticos muy cuestionados, constituye un lamentable retroceso.

“Se va Velázquez. El presidente decidió cambiarlo ante las fuertes denuncias periodísticas de malos manejos en su cartera y por la alta politización del Ministerio a su cargo”, decía el principal título en la portada de Última Hora, en su edición del 14 de mayo de 2005.

Se refería al hasta entonces ministro de Salud, el dirigente colorado Julio César Velázquez, quien en la época venía siendo objeto de una serie de reportajes investigativos publicados por este diario, que referían un contrato irregular entre el Ministerio y el Instituto de Previsión Social, millonarios faltantes de caja en su anterior cargo de intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, entre varios otros manejos que constituían graves indicios de corrupción.

A pesar de que el Ministerio Público había iniciado una investigación sobre las denuncias, el caso acabó en el oparei o en la impunidad más absoluta, al igual que otro sonado caso de la época que también dio a conocer este medio periodístico, el del ministro de Agricultura, Antonio Ibáñez, descubierto con una empresa fantasma que vendía carne ilegalmente a la Policía y quien luego fue obligado a renunciar ante el escándalo, pero tampoco fue sancionado por la Justicia.

Tras un tiempo, Velázquez volvió a activar públicamente como político, se convirtió en legislador y fue uno de los principales artífices de las maniobras políticas ilegales para intentar violar la Constitución, dirigidas por el anterior presidente de la República, Horacio Cartes, y sus aliados políticos Fernando Lugo y Blas Llano, para forzar la enmienda en busca de la prohibida reelección presidencial, y que acabaron en los funestos sucesos del 31 de marzo de 2017, con la quema del edificio del Congreso y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana por efectivos policiales.

Velázquez fue quien en una sesión legislativa considerada fraudulenta se autoproclamó presidente del Senado, para dar entrada a un documento que permitiría aprobar la enmienda, la cual finalmente no prosperó ante la protesta ciudadana.

Por todo ello ha resultado una desagradable sorpresa que, poco antes de viajar a Roma para mantener una entrevista con el papa Francisco, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez –quien en los momentos de crisis se había enfrentado a Velázquez y a sus cómplices, en defensa de la institucionalidad democrática– haya resuelto premiar al ex senador y ex ministro de Salud con el cargo de consejero del Instituto de Previsión Social, precisamente una de las instituciones con las cuales se le había asociado en manejos turbios durante su gestión ministerial.

Este nuevo nombramiento, que se suma a los de otros políticos muy cuestionados, es un lamentable retroceso y constituye una afrenta para la ciudadanía que exige cambios en la acción política y el saneamiento de la administración pública.

Dejá tu comentario