Editorial

Por la desidia institucional se pierde guerra contra el crimen

El Índice Global de Crimen Organizado, una organización que evalúa los niveles de delincuencia en el mundo, coloca a Paraguay segundo en América del Sur, con el porcentaje más alto de criminalidad, por debajo de Brasil. El narcotráfico, contrabando y la trata de personas son algunos de los crímenes que se posicionaron en el país, según el estudio, e hicieron que merezca la alta calificación en los niveles de influencia del crimen organizado. El panorama resulta aún más desalentador si se considera la negligencia a nivel institucional; como es el caso de los equipamientos policiales cuya falta de funcionamiento favorece a delincuentes. Este es un ejemplo de cómo la indolencia gubernamental colabora para otorgar impunidad a los criminales. Los ciudadanos tienen derecho a vivir seguros en su país, y el Estado no puede evadir su rol para garantizar su bienestar.

Datos actualizados sobre el equipamiento policial establecen que solamente el 40% de los aparatos tecnológicos están en funcionamiento. Uno de los motivos es la pérdida de señal por cuestiones técnicas y otro la falta de actualización y de mantenimiento.

Lo que podría parecer un simple caso de desinterés o descuido, resulta ser en realidad una negligencia criminal. Como señaló recientemente el ex comandante de la Policía Nacional, comisario Casto Guillén, en una entrevista con este diario, las fuerzas de seguridad están perdiendo la guerra contra el crimen organizado por la falta de cuidado de los recursos tecnológicos que ayudan a esclarecer los hechos ocurridos.

Uno de los casos llamativos es el de las cámaras del Sistema 911, que al estar averiadas favorecen a los que cometen hechos punibles. Es entendible ya que de 1.500 cámaras en el país, poco más de 860 funcionan correctamente. Esto se corrobora a diario, cuando en los noticiarios de la televisión la mayoría de las imágenes de hechos delictivos provienen de cámaras de negocios o de domicilios particulares.

Conforme a datos revelados por ÚH, desde el año 2011 se han invertido alrededor de 27 millones de dólares en un sistema integrado de hardware y software, pero para que sea efectivo es imprescindible la inversión en su mantenimiento, unos 3 millones de dólares anuales, para que el sistema funcione de manera correcta.

La falla en las cámaras favorece al crimen organizado y aumenta las dificultades para investigar los casos. Uno bastante reciente se produjo el 12 de setiembre, cuando unos sicarios asesinaron al empresario Mauricio Schwartzman en Asunción. Debido a que las cámaras del Sistema 911 instaladas en la zona no estaban en funcionamiento los asesinos no pudieron ser individualizados. La única información disponible provino de cámaras de casas vecinas, y hasta ahora se desconoce quiénes fueron las personas que dispararon contra el empresario.

En el caso del cuádruple crimen ocurrido el 9 de octubre en Pedro Juan Caballero se da la misma situación, las cámaras del 911 no funcionaban.

Existen otras inversiones que se hicieron pero que no tuvieron continuidad. Es el caso de los botones de pánico del Sistema 911, inaugurados en el 2015 con una inversión de 60.000 millones de guaraníes. Hoy, las columnas donde están instalados estos botones solo sirven a los artistas del grafiti. Los artefactos se encuentran abandonados y en desuso por falta de mantenimiento.

Un equipo de ÚH constató si funcionaba el botón ubicado en una calle céntrica, pero al presionar el botón no se generó una alarma en la central de monitoreo. Se supone que estos botones de pánico deberían servir a las personas que se sientan expuestas a algún tipo de peligro que puedan generar una señal que ingrese al Sistema 911, y así la Policía podría inmediatamente verificar la alerta.

Estos son casos de negligencia criminal. El Gobierno debe mostrar más compromiso a la hora de asegurar a los ciudadanos su derecho a vivir seguros. Mientras persista esta indolencia, el Paraguay tiene asegurado su lugar en el ránking de países con altas tasas de criminalidad.

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