El sueño de todo país pobre es encontrar petróleo o metales preciosos que le permitan obtener ingresos que puedan ser redistribuidos para contribuir a reducir la pobreza. Paraguay, en el Chaco, no encuentra hasta ahora el suficiente oro negro que permita un aprovechamiento rentable.
Sin embargo, en el corazón de la Región Oriental hay una riqueza a flor de tierra: oro de buena calidad. A pesar de lo que podría representar en un contexto normado, casi nadie le hace caso. Por eso, allí imperan el desorden, la ilegalidad y la agresión al medioambiente.
Sin que haya ningún estudio que estime el potencial de la cuenca aurífera, los que tienen minas y molinos procesadores de la materia prima extraída minimizan la cantidad de oro que alberga la región. Es obvio que lo hagan.
La ausencia de Estado se nota en que no hay una regulación de la actividad que desempeñan los que buscan el metal precioso. Como no hay un marco legal que permita vender legalmente lo encontrado, la comercialización se hace de manera informal. Por eso los precios que se pagan no son los del mercado, sino los de la especulación de los que, sin trabajar, se quedan con la parte de león del negocio.
Esta situación no hace sino reflejar una realidad que en nuestro país se ha convertido en algo común y cotidiano: hay lugares donde la autoridad de la ley y las autoridades encargadas de exigir su cumplimiento no existen. Cada cual, entonces, como puede y según el poder acumulado, hace lo que mejor le parece, sin estar sujeto a ninguna norma.
Otra consecuencia es la liberación de mercurio en los cursos de agua y en la superficie terrestre. Bien se sabe que ese metal, por acumulación, produce severos e irreversibles daños a la salud de las personas. Al organismo humano llega a través del consumo de agua y de pescado. Silenciosamente, el material tóxico va sedimentándose en el organismo humano. Luego, cuando alcanza los rangos de daño a la salud, ocasiona daños de suma gravedad.
Un peligro latente sobre la zona es que el mercurio llegue a los hogares de Villarrica y Coronel Oviedo, ya que el agua de esas comunidades es proveída por alimentadores que se encuentran en el río Tebicuary, en el límite de las dos ciudades. Los técnicos sostienen que esa hipótesis no es descabellada, ya que los arroyos del entorno desembocan en el curso de la corriente hídrica mencionada.
En el Congreso se encuentra un proyecto de ley para regular la explotación del oro. Sin embargo, su punto de mira es muy reducido, porque abarca tan solo una parte del tema que aborda. Atañe más a una empresa que tiene concesión de explotación en un lugar diferente al que hoy está en juego en Paso Yobai, y no considera la situación global, como debiera ser.
Es urgente que el Estado, a través de una ley que contemple toda la realidad de la búsqueda y procesamiento del oro, establezca mecanismos que permitan la formalización de una actividad económica que hoy está al margen de las normas.