La denuncia refiere que los agentes aprehendieron a Reinalda Santacruz Brítez, porque supuestamente tenía un vehículo robado; sin embargo, la versión cambió una vez en la base policial, donde señalaron que la mujer tenía una orden de captura solicitada por la Justicia de España por trata de personas, confirmó el fiscal Alberto Torres.
Por los elementos que cuenta el investigador ordenó la captura de la subjefa del Departamento de Homicidios, la oficial primero Karina Beatriz Caballero Giménez, el oficial ayudante Diego Ayala, el suboficial mayor Éver Aquino, el suboficial mayor Rafael Silvero, el suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.
Todos ellos deberán ser tras-ladados a la Dirección Policial, donde quedarán a disposición del Ministerio Público, por sospecha de privación ilegítima de libertad y extorsión, según el fiscal.
PRIVACIÓN. La detención se produjo el 3 de noviembre pasado, cuando Santacruz Brítez estuvo desde las 8:30 hasta las 15:30 en la base del Departamento de Investigación de Homicidios.
La víctima y su pareja, un español, contactaron a un abogado que intermedió con los agentes y lograron reducir el monto de la coima a USD 10.000, pero tampoco se pudo pagar porque no lo tenían en efectivo. La extorsión se extendió hasta el 7 de noviembre pasado, tiempo en el que los agentes mantenían amenazada a la afectada, mientras exigían el dinero, atendiendo a los antecedentes.
“Solicitaron la suma de 100 mil dólares, conforme a las menciones de la víctima, y con negociaciones redujeron a 10 mil dólares. En ese lapso llega la pareja de la compatriota, que es un español, a la base de Homicidios y llegaron a un acuerdo. Tenía que hacer la transferencia electrónica a una cuenta que fue proporcionada por los agentes, que está abierta en una institución bancaria en este país, pero la transacción no se pudo concretar”, relató el fiscal.
El representante del Ministerio Público recibió copia de capturas de pantalla del teléfono celular de las víctimas, en las que se pueden ver los mensajes y escuchar los audios enviados por los agentes supuestamente. Por otro lado, confirmó que la víctima identificó a los seis policías y que pedirá informe sobre la identidad del titular de la cuenta bancaria en el que se debía depositar el dinero.
“Aquí solamente hay dos cosas o si van a pagar o no van a pagar”
Son siete horas de presión sicológica, amenazas y pedido de dinero por parte de los seis agentes policiales que recibió Reinalda Santacruz, víctima de extorsión policial. “Mi azúcar se disparó a 300 y mi presión a 20”, reveló ayer la mujer.
El abogado Aldo Javier Escobar negoció con los policías para reducir el monto de la coima de 100.000 dólares a USD 10.000. “Aquí solamente hay dos cosas, o si van a pagar o no van a pagar. Aquí hay un acuerdo, el jefe está de acuerdo, hemos hablado en Asunción. Hay un monto de dinero”, explicó la mujer.
El abogado y el policía se miraban y luego soltaron que era 100.000 dólares, relató. Luego comenzó la presión, amenazando que traerían a la prensa y la pusieron por la pared de frente y perfil, quitándoles fotografías sin sus lentes, señalándole que la llevarían a Asunción para deportarla a España. Santacruz reveló que seis horas después el abogado y el policía volvieron a hablar afuera y le pidieron que digan el monto que podían pagar.
“Me sentí más apoyada en España que aquí. Me hicieron firmar un libro de acta, una hoja blanca, donde dicen que ellos pueden escribir lo que quieran sobre mi persona. También que si no ponía el dinero pactado, ellos iban a venir a por mí”, contó la mujer.
