Alcides Manena
ALTO PARAGUAY
Alto Paraguay, el departamento más necesitado del país en materia de infraestructuras viales, salud, educación, servicios básicos, alto desempleo, sigue estando bajo el yugo de gobernantes y ex autoridades envueltos en serios hechos de corrupción; algunos se encuentran imputados, investigados y otros ya poseen un frondoso prontuario en los estrados judiciales, pero siguen impunes.
Pese al manejo discrecional de los fondos públicos, varios de ellos siguen con cargos públicos vigentes, a los que llegaron “premiados” por los electores. Mientras, la población chaqueña se debate entre múltiples necesidades que se agudizan con la sequía y el aislamiento por la falta de caminos.
Entre los políticos investigados, actualmente, por presuntos hechos de corrupción, se destaca la figura de José Domingo Mino Adorno Mazacote (ANR), ex gobernador y actual diputado departamental.
La Fiscalía de Delitos Económicos había allanado, el pasado 28 de diciembre, la sede administrativa de la Gobernación del Alto Paraguay, ubicada en Asunción. La diligencia se disponía a hallar pruebas presuntos hechos de corrupción contra el ex gobernante, luego de una denuncia presentada por concejales departamentales.
A su vez, se cuenta con un informe final de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría General de la República (CGR), practicada a la Gobernación del décimo sexto departamento, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. También, la CGR realizó visitas –en julio de dicho año– en las obras, donde resaltan algunas irregularidades: Una de ellas fue una transferencia de recursos de los Fondos Covid por más de G. 2.200 millones al Vicariato Apostólico del Chaco.
DESFALCO. La presunta malversación que compromete al actual diputado asciende a G. 3.500 millones, de acuerdo a lo detectado por la Contraloría a instancias de un examen especial hecho sobre la administración de Adorno. A pesar de todo, el político colorado sigue presumiendo haber sido el “mejor gobernador de todos los tiempos” en Alto Paraguay.
En la misma línea, la CGR también había auditado la administración comunal del ex intendente de Carmelo Peralta, Domingo Basilio Duarte (ANR), actual concejal departamental. El ente contralor verificó lo actuado en la gestión 2016 y detectó una malversación de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), correspondientes al almuerzo escolar por G. 2.000 millones.
PACTO DE IMPUNIDAD. El actual el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, hermano del ex gobernador y ahora diputado José Domingo Adorno, es uno de los que cuenta con procesos judiciales abiertos por la comisión de hechos punibles de malversación de fondos y lesión de confianza.
El jefe comunal casadeño fue denunciado por una mayoría de concejales por varias irregularidades. Pero –a los 45’– fue salvado de una intervención mediante un pacto de impunidad, a pesar de las denuncias realizadas por los propios ediles. Incluso, los comerciantes de Casado lo acusaron por estafa, pero esa denuncia duerme en el Ministerio Público.
No obstante, los fiscales Luis Piñánez y Carlomagno Alvarenga lo imputaron por la adquisición irregular de un vehículo de la firma Nipon Automotores SA Adorno compró una camioneta Mitsubishi Triton, haciendo una entrega inicial de G. 50 millones, con cheque del Banco Nacional de Fomento (BNF), a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado. Pero el vehículo fue adquirido a nombre del intendente y no del Ejecutivo municipal. El saldo sería pagado en 48 cuotas iguales de G. 5.741.450, totalizando la suma de G. 325.589.600.
En este caso específico, la Fiscalía solicitó elevar la causa por lesión de confianza a juicio oral y público. Adorno, en tanto, pudo frenar el proceso mediante un recurso de apelación.
CHICANEROS. Sergio Rubén Cuéllar, quien fue intendente de Fuerte Olimpo en dos periodos consecutivos, estuvo implicado en un caso por malversación de fondos públicos por la mala utilización del Foncide. Imputado por la fiscala Victoria Acuña, el caso fue a parar a los estrados judiciales; sin embargo, logró su sobreseimiento provisional a instancias de un juez de Bahía Negra, quien consideró “insustentable” las pruebas en contra del ex jefe comunal.
De acuerdo con el resultado de la auditoría realizada por la CGR, el daño patrimonial asciende a G. 416.594.529. La Contraloría detectó que el municipio de Olimpo –durante el periodo 2016– había destinado bajo la administración de Cuéllar, en concepto de bienes y servicios, órdenes de pagos por obras inexistentes a empresas en la que los mismos funcionarios eran los fiscalizadores. Estuvieron involucrados en el caso el ex administrador del municipio, Julio César Vera Dejesús y los funcionarios Miguel Santos Barros, Virgilio Ocampos Fernández. Todos, en su momento, fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional.
En julio de 2022, la Fiscalía solicitó la reapertura de la investigación y pidió también elevar a juicio oral y público la causa, pero el ex intendente recurrió a chicanas jurídicas para zafar del juicio, al igual que el intendente de Casado. Cuéllar es actual concejal departamental.
En Alto Paraguay dominan dos bandos políticos: El clan Adorno, liderado por el diputado actual y ex gobernador, Mino Adorno, y su hermano Hilario, el intendente de Casado. El grupo lo encabeza el actual gobernador, Arturo Méndez (ANR), en cuyo equipo figuran los concejales departamentales Sergio Rubén Cuellar y Domingo Basilio Duarte; ambos investigados por presuntos hechos de corrupción.
