El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe ser una institución que garantice decisiones enmarcadas en un proceso justo sin factores exógenos que puedan contaminar sus resoluciones. Es un ideal que se reclama para todos los casos que afecten a los que deben sentarse en la silla de los acusados por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Un órgano extrapoder que debe juzgar a jueces y fiscales debe estar cimentado en fallos que contengan imparcialidad e independencia. Los que son juzgados por esta instancia merecen la seguridad de que sus resoluciones serán analizadas desde el punto de vista jurídico, de lo que está en el expediente, y no por motivaciones diferentes, como ya ocurrió en otras ocasiones.
Tanto los jueces que no dan la talla para ocupar la magistratura y que entraron por tener un padrino como aquellos que son muy capaces, que pasaron todos los tests y actúan conforme a Derecho, deben ser juzgados sobre la base de cuestiones técnicas.
La época más negra del Jurado se vivió cuando el ex senador Óscar González Daher fue presidente del JEM. El tráfico de influencias era la marca registrada durante su mandato. Con los audios se pudo corroborar cómo manejaba a jueces y fiscales. Aquellos que no le respondían o que alguna vez lo investigaron fueron víctimas de su furia, como el entonces fiscal Alejandro Nissen, destituido de su cargo.
Así las cosas, pese al descrédito que acumuló el JEM por varias presidencias poco confiables, el senador Hernán Rivas fue electo titular de la institución (aunque duró poco tiempo) con mucha polémica por su escasa preparación, con dudas sobre su título de abogado y que apenas, luego de ser electo presidente del órgano extrapoder, mostró peligrosas señales de subordinación al presidente de su partido Horacio Cartes, al decir que lo adora. Además, saltaron demandas en su contra por millonarias deudas. Posteriormente, ante un mar de críticas renunció a la presidencia, no así como miembro. Por otra parte, la oposición también reclama su salida definitiva del organismo.
Tras la dimisión, asumió como presidente del JEM el diputado por Central de Honor Colorado, Orlando Arévalo. Como se podrá ver la nueva mesa directiva está conformada por políticos; como vicepresidentes, el diputado colorado Alejandro Aguilera y el senador colorado Mario Varela. Son cuatro los políticos que integran el JEM. Además, dos ministros de la Corte y dos representantes del Consejo de la Magistratura.
Con el tiempo queda claro que políticos no deben integrar el Jurado porque poco favor le hacen a la institución. Los políticos no deben juzgar a los jueces y fiscales. No inspiran confianza por su vínculo a un partido político o sometimiento a un líder. El juez de jueces y fiscales debe estar libre de cualquier descrédito ya sea por su adherencia política, falta de idoneidad, escándalos judiciales o notorio tráfico de influencias, como pasó con OGD.
Hay que decir que hoy el JEM es un órgano político, se refleja solo al mirar su mesa directiva, cuya independencia está en entredicho.
La institución debe transformarse para ser garante de la Justicia. Debe estar plenamente integrada por connotados profesionales del Derecho de confirmada probidad y capacidad que inspiren confianza en sus decisiones.
Para esta propuesta de reestructuración también se requerirá modificar el artículo 253 de la Constitución Nacional, que establece su actual conformación, y la legislación que regula el funcionamiento del JEM para cortar, de una vez por todas, determinaciones con tinte político y que aflore su independencia.