En estos días leí que el nuevo ministro de Hacienda de Colombia había jurado lealtad a la regla que gobierna la política fiscal de ese país. Entendí que era la forma en la cual un nuevo gobierno buscaba transmitir la señal de que la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal formaba parte del régimen institucional del país independientemente de la alternancia en el gobierno y que ellos iban a respetarla. Me pareció una señal positiva de seriedad y responsabilidad.
El día viernes, la ministra de Hacienda y sus predecesores presentaron su rendición de cuentas de los últimos cinco años al frente del Ministerio. Hicieron hincapié en que recibieron un importante desorden entre los compromisos financieros asumidos y los ingresos que efectivamente ingresaban a las arcas fiscales en el 2013.
De hecho, en el presupuesto del 2012, los parlamentarios habían aprobado un incremento salarial superior al 30% con un costo total aproximado de USD 800 millones anuales y que había descalabrado las finanzas públicas que pasaron de un superávit del 1% a un déficit del 1,7% del PIB de aquel entonces. Para cubrir este déficit se empezaban a emitir bonos soberanos de tal manera de evitar un recorte sustancial en los programas de inversión.
Estos hechos significaban un cambio importante respecto a la política de equilibrio fiscal que veníamos sosteniendo desde el 2004 en adelante. Necesitábamos encontrar un mecanismo que nos permita institucionalizar una política fiscal responsable, con la flexibilidad para implementar políticas anticíclicas de corto plazo para enfrentar coyunturas difíciles, pero con una perspectiva de equilibrio estructural de recuperar el equilibrio fiscal en un tiempo relativamente corto para mantener bajos niveles de endeudamiento y enfrentar exitosamente los siguientes choques internos o externos que vamos a enfrentar en un mundo cada vez más volátil e incierto.
De esta manera surge la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal aprobada en octubre del 2013, cuya implementación le correspondió al gobierno de Cartes. Es una ley sencilla que fija tres reglas fundamentales para la política fiscal:
Primero, determina que los incrementos salariales a funcionarios públicos solamente pueden otorgarse si previamente hubiera sido aprobado un reajuste del salario mínimo para los trabajadores del sector privado. Este es un aspecto fundamental para mejorar la asignación de los recursos públicos, considerando que el principal desorden en las cuentas fiscales son los aumentos salariales decididos irracionalmente en los años anteriores.
Segundo, establece un tope de 4% más la inflación al crecimiento de los gastos corrientes del Estado con el objetivo de lograr una mayor austeridad fiscal y generar el ahorro público para destinarlos a financiar las inversiones en infraestructura, educación, salud y seguridad.
Y, tercero, la ley fija un tope al déficit fiscal global anual en 1,5% del PIB para contener el ritmo de crecimiento de la deuda y mantener la solvencia fiscal. Este déficit puede incrementarse hasta un 3% del PIB en caso fundamentado para enfrentar una crisis económica.
La implementación de la ley tuvo altibajos, pero ha sido útil para contener los excesos. A excepción del aumento salarial aprobado a los maestros, ha permitido contener los aumentos salariales irracionales, los gastos corrientes han crecido dentro del tope definido y el déficit fiscal en los últimos años ha permanecido dentro del tope del 1,5% del PIB. Por lo tanto, creo que ha sido un instrumento útil que ha permitido mejorar la política fiscal y contener el crecimiento de la deuda.
Las reglas institucionales se consolidan si son respetadas por las autoridades pertinentes.
Si bien la ley puede ser mejorada en algunos aspectos, es importante que sea ratificada por el nuevo gobierno, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso, ambos corresponsables de la política fiscal, de tal manera de transmitir la señal de que la política de responsabilidad fiscal es una prioridad fundamental de nuestro país para los próximos años.
