Es hora de cuestionar seriamente ¿en manos de quiénes se encuentra nuestra seguridad? El reciente suceso que involucró a un recientemente egresado de la Academia de Policía ha puesto al descubierto preocupantes realidades.
De acuerdo con las declaraciones de Hugo Aguilera, director del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), uno de los factores que afectó la formación de los oficiales ha sido la pandemia del Covid-19. Señaló que no afectó a los estudiantes de carrera de cuatro años, pero sí a los estudiantes del Colegio de Suboficiales, cuya formación se extendió a dos años. “Sacamos un producto bueno a la calle, pero se nos descompone por el camino y quizás sea una situación que debamos ir ajustando de a poco”, indicó.
El director de Isepol reconoció el déficit de policías y apuntó a que se necesitan al menos 60.000 uniformados. En la actualidad hay 25.000 efectivos en actividad, de los cuales 4.000 hacen trabajo administrativo y solo 21.000 son operativos. Dijo que dentro de la Policía existe un sistema de control, capacitación y especialización constante. Sin embargo, es evidente que algo está fallando.
El caso del uniformado recién egresado, y principal sospechoso del asesinato del militar Líder Javier Ríos, y al mismo tiempo sindicado como asaltante de conductores de plataformas, pone sobre el tapete un tema que no puede ser eludido: Van en aumento los casos de agentes policiales envueltos en actividades delictivas. En el transcurso de la pasada semana fueron denunciados hechos de tortura, abuso de la autoridad en el ejercicio del trabajo policial, y un intento de feminicidio llevado adelante por un uniformado, el cual se encontraba ebrio en el momento.
A esto se debe agregar un dato alarmante, la revelación proviene del comandante de la Policía, comisario Gilberto Fleitas. Se trata de la suspensión temporal de 22 agentes policiales por adicción a las drogas, los que se suman a otros 21 uniformados desvinculados el año pasado por cometer distintos delitos. Uno de los últimos casos fue la denuncia de un docente de la comunidad indígena Angaité, quien acusó a agentes de la Comisaría 10ª de Concepción por tortura y malos tratos.
La Constitución Nacional le asigna a la Policía Nacional el rol de encargarse de la seguridad interna. En ese rol debe preservar el orden público, cuidar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. Asimismo, debe ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos.
Los recurrentes casos de violencia policial, conocidos como gatillo fácil, y la existencia en las filas de la institución de polibandis que encarnan ambas funciones deben llamar en primer lugar a la reflexión, y como sociedad cuestionar y pedir respuestas a las autoridades.
El criminólogo Juan Martens habla de una crisis en las filas policiales, y apunta como solución a una necesaria depuración de la institución. “Si queremos una Policía que cuide y garantice derechos, es urgente una refundación de la Policía Nacional, no simples cambios”.
Los ciudadanos tienen derecho a vivir una vida segura. En una democracia nadie debería temer a los policías. Se debe acabar con la permisividad e impunidad que por décadas han justificado los procedimientos violentos, agresivos o ilegales en contra de la población.
Debe haber una refundación de la institución policial, pues esta sostiene aún la carga de brutalidad e impunidad desde la dictadura. Los paraguayos merecen vivir seguros, confiando en sus instituciones. Es urgente que la Policía Nacional recupere la confianza y la credibilidad.
