El comisario principal Aníbal Gutiérrez, jefe de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, manifestó que este viernes llegaron hasta el asentamiento Kaagata, en el distrito de Yby Yaú, para informar a las personas de una orden de desalojo que será próximamente ejecutada.
Los uniformados aguardan la orden de operaciones de la Dirección de Planificaciones de la Comandancia de la Policía Nacional y una vez que tenga ya se dispondrá la fecha y hora del trabajo a realizar en la zona, informó el periodista Carlos Escobar.
El jefe policial dijo que comunicó del desalojo a las personas, teniendo en cuenta que hay muchos padres de familia y menores en el lugar, para que muchos se anticipen y ya abandonen el sitio.
“Es un lugar que ellos están ocupando ilegalmente desde hace varios años ya y en consencuencia como corresponde los propietarios realizaron su denuncia correspondiente y tal es así que a estas alturas ya se dispone una orden escrita del Ministerio Público que la próxima semana se va estar dando cumplimiento”, expresó.
Además, dijo que si las personas se resisten a abandonar la propiedad, será detenido, como la ley establece y se les va agregar figuras delictivas como resistencia e invasión de inmueble ajeno.
“Los que estuvieron ahí escucharon mis explicaciones, fui bien claro con ellos, el que quiera entender entiende el que no, no, pero yo como humano y padre de familia vine a comunicarle a ellos los alcances que van a tener los operativos. La Policía Nacional tiene que dar cumplimiento a un oficio judicial sea a la buena o la mala”, indicó.
Versión del abogado
Por su parte, el abogado Manuel Aquino Giménez, asesor jurídico de los campesinos, manifestó que él no recibió ninguna notificación al respecto, por lo tanto, el desalojo será nulo o será un “desalojo mau”.
“Yo le llamo como un avasallamiento de la Policía o como un atropello por parte de ellos”, expresó.
Aseguró que la Policía “no puede notificar a nadie” y que la notificación debe ser realizada por la Fiscalía y el Juzgado, que deben presentar la orden de desalojo con 48 horas de antelación, dando tiempo a las personas para que puedan sacar sus cosas y salir pacíficamente.
“Mientras que yo no sea notificado judicialmente para mí es un fraude lo que está haciendo la Policía Nacional. Le digo a mi gente que no vamos a salir”, aseguró.
