Antes que hablar de cerrar o limitar el acceso a carreras universitarias que están saturando el mercado laboral, en un contexto de desfinanciamiento de la educación superior, dos analistas proponen volcar la mirada en las necesidades presentes y futuras del país en cuanto al tipo de profesional que se requiere en los distintos ámbitos.
Para ello, es impostergable trabajar sobre la base de una planificación de ofertas académicas que respondan a un plan de desarrollo nacional, tanto en el campo laboral-productivo como en lo social. “No creo que el concepto más oportuno sea el de limitación. Lo que requerimos es que el Estado defina un plan de desarrollo nacional y, conforme con eso, se identifiquen los recursos humanos que se requieran”, sostiene Francisco Giménez, ex viceministro de Desarrollo Educativo del otrora Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
A partir de ahí, dice, “las universidades nacionales –en tanto sean financiadas por el Estado– pueden coadyuvar en la formación de los recursos humanos que necesita poner en marcha ese plan de desarrollo nacional”. Así se hablará –expresa– de cantidad; por ejemplo: “Para mejorar la genética de los animales, como somos un país exportador de carne vacuna, requerimos 5.000 a 20.000 veterinarios de acá a 5 o 10 años”, apunta.
Observa que esa es una de las debilidades del sistema universitario, “la falta de planificación, en términos de vinculación y pertinencia de las carreras que gestionan las universidades”, afirma.
A su vez, Enrique López Arce, director de la Dirección de Empleo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), añade que la “calidad de gasto” no solo tiene que ver con la calidad de la carrera.
“La calidad del gasto tiene que priorizarse y un gasto que realiza el Estado tiene que ser enfatizado en lo que sirva a la sociedad. Tiene que ser analizado, en profundidad, por qué seguir formando lo que no necesita el mercado; debemos formar lo que necesita para el desarrollo del país”, dice al coincidir en que se tiene que planificar a futuro. “Es decir, realizar una proyección a saber cómo estará el país de aquí a cinco o diez años. Así sabremos durante cuánto tiempo vamos a necesitar más ingenieros viales para que no nos pase lo que nos pasó con Enfermería: Acabó el coto de esa profesión, pero igual seguimos sacando enfermeros. Lo mismo en el caso de Radiología; en algún momento hubo una necesidad, pero eso acabó”, insiste.
Señala que de acuerdo con la Constitución Nacional, las universidades –públicas o privadas– tienen que formar para la sociedad y el análisis debe ser: “¿Lo que estoy formando le está sirviendo a la sociedad; o estoy formando con base en análisis de momentos diferentes?”.
Opina que el componente de la pertinencia de una carrera en cuanto a su salida laboral debería ser un punto de inflexión. “Nadie tiene que estudiar algo que no tiene salida laboral. No se debería generar la expectativa cuando se sabe que el mercado laboral está saturado: si hay alguien que quiere seguir Derecho, tiene que saber que hoy está saturado el mercado laboral”, advierte el director del Empleo.
Cuando se asigna presupuesto público en una carrera que ya no es pertinente, tenés que levantar la alarma.
Enrique López Arce,
director de Empleo.
Hay que tener esa mirada territorial porque podemos cometer errores en el financiamiento de universidades públicas.
Francisco Giménez,
asesor educativo.
Cones y Aneaes deben determinar la nómina de carreras prioritarias
A criterio de Francisco Giménez, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), como ente rector, es el que debe formular la política en cuanto a ofertas académicas se refiere.
“El Cones debe planificar y determinar qué carreras requiere el país, en términos de plan de desarrollo nacional”, recalca. Hoy lo que ocurre –analiza– es que cada universidad pública oferta la carrera que cree o que tradicionalmente imparte; “sobre todo, las carreras denominadas liberales que son las del área de ciencias empresariales y de ciencias sociales: Economía, Administración, Derecho, etc.”.
Para Enrique López Arce, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) debe velar por el cumplimiento de la pertinencia de una carrera, no solo en términos de calidad, sino de su impacto social.
“Tenemos alertas levantadas, una de ellas es Criminalística: La cantidad de vacancias de trabajo y dependencias de criminalística no resiste ninguna cohorte. Ese análisis tiene que hacer la Aneaes que controla lo que existe en el mercado educativo y el Cones no debe permitir la apertura sin que haya un estudio de impacto por territorialidad”, remata.
