De casi medio millar de ofertas académicas –de áreas sensibles como Salud, Arquitectura, Ingenierías y Derecho–, más de la mitad nunca fueron evaluadas por la entidad que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de calidad mínima de la formación de médicos, enfermeros, arquitectos, ingenieros, abogados, etc.
Ante este descalabro en el sistema de educación superior, consideran oportuno encontrar mecanismos alternos para garantizar a la sociedad la calidad de los profesionales que egresan de las carreras que carecen del sello de calidad o que nunca fueron verificadas.
Para el efecto, se podría establecer un “examen de suficiencia” para los graduados de esas carreras sin acreditación, según plantea la Ing. Teresa Pino, ex decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna) y ex titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación dela Educación Superior (Aneaes).
Esto –dice– sería lo más viable, en tanto se procura hacer cumplir la Ley de Educación Superior N° 4995/13 que establece la obligatoriedad de que aquellas carreras, cuyo ejercicio profesional pueda afectar la salud, el patrimonio y la seguridad de las personas, se sometan a los proceso de acreditación.
“Ante la situación de que hay muchas carreras que no entran al proceso de acreditación, hay que buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad de la formación de ese alumno. Entonces, se tiene que tener un mecanismo para, de alguna manera, salvar la situación que si un estudiante egresa de una carrera no acreditada pueda tomar un examen de suficiencia o pueda hacer algún otro proceso”, manifiesta.
En última instancia, esto representará un beneficio para quien invirtió –dice– cinco o seis años de carrera, ya que por más de que su carrera no está acreditada, si pasa el examen, podrá ejercer la profesión.
“Si yo digo que, a partir del año próximo, voy a aplicar la ley y todos los que no provengan de carreras acreditadas no van a poder ejercer la profesión, los propios alumnos van a exigirles a sus propias carreras que entren al proceso”, reflexiona Pino.
El artículo 82 de la citada norma, refiere que “la acreditación de programas será necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado”. Esto abarca a las carreras citadas al inicio. Incluso, la ley establece como requisito la acreditación para acceder a becas o pugnar en concursos públicos.
Postura. La tendencia a nivel mundial, dice, es que “los títulos no son habilitantes”, a diferencia de lo que ocurre en Paraguay. “Esto libera el proceso de acreditación y los alumnos son sometidos a un examen de suficiencia, pero acá eso no se previó”.
Pino integró el plantel académico que revió la Ley de Educación Superior, promulgada en 2013. Recuerda que, en principio, se propuso dar un periodo de gracia de dos años para que las instituciones se adecuen a las nuevas reglas de juego. Por lo que, a esta altura, entiende que ya se deberían haber aggiornado.
Pese a no contar en el país con colegiación obligatoria, considera plausible establecer el examen de suficiencia como último filtro para la concesión del registro profesional. “Porque la acreditación garantiza la calidad de la carrera, el desarrollo adecuado del programa básico y los mecanismos que garantizan a la sociedad de que la carrera está cumpliendo con los requisitos de calidad”, refuerza y ejemplifica lo que ocurre en Estados Unidos: “Para inscribirse como ingeniero, si un egresado quiere su licencia tiene que rendir y si uno proviene de una carrera acreditada se le exonera de ese examen”.
70% funciona sin evaluación
La Aneaes reveló en un reciente informe de 486 carreras del área de Derecho, Arquitectura, Ingenierías e Ingeniería Agronómica 334 no fueron evaluadas. Esto ocurre pese a que ya tienen cohortes de egresados; por lo que titulan a profesionales sin que tengan las garantías mínimas de calidad de dichas ofertas académicas. En el campo de las Ingenierías, de 270 carreras, 196 nunca fueron evaluadas, según el informe.
En el caso de Ingeniería Agronómica, de 44 ofertas, 32 no fueron evaluadas y dos rebotaron en la acreditación. En cuanto a Arquitectura, de 19 carreras, siete no fueron evaluadas y una no acreditó. En tanto que de las 153 ofertas de Derecho, 99 carreras nunca fueron evaluadas. Es decir, hay instituciones públicas y privadas, que obviaron someter sus programas de grado a los procesos de evaluación y acreditación pertinentes.