Con dicha iniciativa, los diputados buscan los mecanismos para regularizar la situación de los funcionarios del Congreso Nacional, que en su gran mayoría ingresaron a la institución sin realizar ningún concurso de oposición ni de méritos.
Según los proyectistas, la propuesta surge de la imperiosa necesidad de establecer y regular la situación jurídica de los funcionarios del Poder Legislativo, buscando establecer en forma clara y contundente, derechos y obligaciones entre las partes.
El documento expresa que por primera vez se establecerá en nuestra legislación una regulación general de los derechos y deberes básicos de los funcionarios legislativos, fundado en principios éticos y reglas de comportamiento claras, que constituyen un auténtico código de conducta; estableciendo además un régimen disciplinario para la aplicación de sanciones por faltas administrativas cometidas en el ejercicio de las tareas legislativas.
ARTÍCULOS. El proyecto cuenta con 130 artículos y en uno de ellos establece que para ser funcionario legislativo permanente del Congreso Nacional, de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados se requieren de las siguientes condiciones: ser de nacionalidad paraguaya, contar con mayoría de edad, justificar el cumplimiento de las obligaciones personales previstas por la Constitución Nacional. Además, poseer idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo, estar inscripto en el Registro Cívico Permanente, encontrarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, y demostrar buena conducta y probidad.
En otro punto establece que el nombramiento de un funcionario legislativo tendrá el carácter de provisorio durante un periodo de seis meses, considerándose este como periodo de prueba.
Durante este periodo, los titulares de ambas Cámaras podrán dar por terminada las funciones del funcionario legislativo que se encuentre a su cargo, sin necesidad de sumario previo ni preaviso, y sin indemnización.
Ramírez sostuvo que con la normativa se busca llenar un vacío en la carrera del funcionario legislativo. Dijo que si no hay un marco legal que pueda direccionar y encuadrar la labor del trabajador, pueden ocurrir situaciones que escapan a la propia voluntad del administrador y del funcionario.