Política

Piden rechazo de acción de Bogado por pérdida de cargo

 

La Fiscalía General del Estado considera que no hace falta una condena penal por tráfico de influencias para sacar a un senador de su cargo. Con ello, pide en su dictamen rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por Víctor Bogado contra su pérdida de investidura.

Ayer el fiscal adjunto Federico Espinoza presentó su escrito donde recomienda el rechazo de la acción contra la Resolución 523 del 13 de mayo del 2019, por la que se quitó la investidura de senador a Bogado.

El legislador había sido condenado a la pena de un año de cárcel con suspensión de la condena el 3 de mayo de 2019. El fallo, a la fecha, ya se halla firme. A raíz de la sentencia, en el Senado le habían quitado la investidura.

En su acción, Bogado señala que se violó su derecho a la defensa, no pudo tramitar sus pruebas. Le condenaron por uso indebido de influencias, cuando que nunca fue procesado por ese delito, sino por cobro indebido de honorarios.

Además, apunta que los legisladores le sacaron su investidura sin tener siquiera acceso al fallo que no estaba firme. Refiere que se violó el debido procesado protegido constitucionalmente.

DICTAMEN. El fiscal adjunto Federico Espinoza refiere que el artículo 201 de la Constitución no pone como condición una condena previa judicial para el proceso de pérdida de investidura.

Es más, apunta que cuando se sancionó la Carta Magna de 1992, el tráfico de influencias o uso indebido de influencias no estaba contemplado como delito por el Código Penal de 1910 de Teodosio González.

Con ello, apunta que la intención no era que debía haber una sentencia o condena previa, sino que debía ser fehacientemente comprobado.

Hace un análisis del proceso de pérdida de investidura y refiere que tiene finalidades distintas al proceso penal, ya que no quiere un castigo, sino la protección de los intereses públicos.

Alega que es un juicio de responsabilidad política, por lo que tiene una sanción disciplinaria; en este caso, la remoción de su cargo de legislador.

Cita jurisprudencia colombiana sobre la pérdida de investidura, y señala que el que no haya una condena penal previa no violaba sus derechos constitucionales.

Sobre que no pudo ejercer su defensa, el fiscal adjunto refiere que el pedido de los senadores Gilberto Apuril y Patrick Kemper se presentó el 6 de mayo del 2019, y que el juicio fue el 13 de mayo, por lo que tuvo 7 días para preparar su defensa.

Explica que en la citada sesión tuvo uso de la palabra por más de una hora, donde se defendió de los cargos. Con ello, pide rechazar la acción de inconstitucionalidad.

Dejá tu comentario