Política

Piden que eventual reforma separe la política de la Justicia

 

Para el juez de Apelación Penal, Primera Sala, Pedro Mayor Martínez, la independencia del Poder Judicial debe estar garantizada para que puedan ser protegidos los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, señaló que el componente político en los órganos de control de jueces y fiscales afecta de forma negativa.

“El componente político incide negativamente por la forma y, sobre todo, la casuística o la tipología que permite a este órgano resolver enjuiciar o no a un magistrado”, insistió.

Analizó que muchos actores usan la denuncia contra quienes investigan y juzgan como herramienta para apartar a sus oponentes. “Se presta a que cualquier contraparte que pretenda apartar a un juez o fiscal cuestione su credibilidad y lo denuncie ante el JEM. Entonces hoy es una práctica constante buscar apartar a quien investiga o a quien juzga utilizando los mecanismos de la denuncia ante un órgano de control que también tiene facultades muy amplias, constituido por miembros políticos”, añadió.

Por tanto, la propuesta del magistrado en caso de una reforma constitucional es que el sistema de control ya no recaiga en un organismo extrapoder, sino que pertenezca a la misma corporación, es decir, el Poder Judicial, como sucede con la Policía Nacional. Recordó que dentro del Poder Judicial se cuenta con formas de control, como los tribunales superiores, el Tribunal de Ética y otros.

Habló de reconfigurar las causas por las que el JEM puede juzgar. “No podemos permitir que se haga un enjuiciamiento de un juez o fiscal sin que los tribunales superiores hayan procedido primero a un control de actuaciones. ¿Hasta qué punto vamos a estar jaqueados porque pensamos diferente? Porque puede ser que el sistema político piense diferente”, subrayó.

Como una asignatura pendiente que podría reducir la impunidad en los casos de corrupción pública se presenta la aparentemente lejana disociación de la influencia política en la Justicia.

Sin embargo, en los últimos días, varios referentes cartistas se animaron a hablar de la necesidad de esta separación, mediante reformas en el sistema de Justicia, pese a que este sector es precisamente uno de los más cuestionados por sus vínculos en los diferentes estamentos, como su relación con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; ministros de la Corte Suprema de Justicia y el último más sonado, el diputado Hernán Rivas, quien ingresó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de forma dudosa, lo que incluso generó el reclamo de jueces y fiscales.

Las injerencias se dan sobre todo a través de los órganos extrapoder, como el JEM y el Consejo de la Magistratura. Sus miembros políticos intervienen en las causas en connivencia con los agentes de Justicia para manipularlas a su favor, resultando con frecuencia en condenas bajas o en directa impunidad.

Cómo resolver esta problemática es la pregunta que ocupa a varios actores, que apuntan a una reforma que logre poner trabas a los malos manejos y transparente los procesos, en un Poder Judicial con mayor independencia.

HARMS. El diputado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Walter Harms, perteneciente al movimiento Honor Colorado, colocó en mesa de debate la necesidad de una reforma del Estado, pero también fue más allá y se refirió a una reforma de la Constitución Nacional, discutida y resistida cuando se trata de cambios electorales, como la introducción de la figura de la reelección, también mencionada por el legislador.

No obstante, el diputado amplió su análisis esbozando objetivos hacia una Carta Magna más moderna, con dos ejes: reducir fuerza y atribución del Parlamento y restar la injerencia política en la Justicia.

Harms también habló de la necesidad de comenzar a debatir la habilitación de la reelección presidencial, pero tuvo un fuerte rechazo del oficialismo y de los partidos opositores.


¿Hasta qué punto vamos a estar jaqueados porque pensamos diferente? El poder político puede pensar diferente.
Pedro Mayor Martínez,
juez de Apelación Penal.

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